Ante el fenómeno de desapariciones forzadas en México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum cambió la “política de apertura al escrutinio internacional” de su antecesor Andrés Manuel López Obrador a señalar “muchísimo desconocimiento” del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.
El 12 de agosto de 2022, la administración del entonces presidente López Obrador respondió en un comunicado su disposición a atender las observaciones del informe sobre la visita a México del comité de la ONU “y de colaboración con organismos de derechos humanos”.
“El Estado mexicano reitera su política de apertura al escrutinio internacional y de colaboración con los organismos internacionales de derechos humanos”, subrayó.
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Este martes 8 de abril en su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum afirmó que “no es desaparición forzada perpetrada desde el Estado, entonces se mandó una nota diplomática para expresar nuestra inconformidad y, en todo caso, se les va a explicar cuál es el fenómeno que hay en México porque hay mucho desconocimiento de esta comisión, muchísimo”.
En el comunicado del gobierno de López Obrador también hubo el “compromiso con la atención del fenómeno de las desapariciones forzadas, e igualmente otorga su reconocimiento y solidaridad a familiares de personas desaparecidas y los colectivos de búsqueda”.
Esto, luego de la estancia en México de la comisión de la ONU entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021, en la que sostuvo reuniones con 88 autoridades y visitó 13 entidades federativas: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
“Las cifras oficiales disponibles al 26 de noviembre de 2021 se encontraban registradas 95 mil 121 personas desaparecidas, de las cuales 112 habrían desaparecido durante la visita del Comité”, resaltó el comité de la ONU.
Además, los enviados del organismo internacional se reunieron con “autoridades estatales de alto nivel, colectivos de víctimas y llevó a cabo algunas actividades de búsqueda en campo”.
En su informe, la ONU consideró “para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, es urgente dar respuesta a todas las cuestiones identificadas en el presente informe, tanto para los casos que se iniciaron en el pasado, como para los perpetrados recientemente”.
“En esta perspectiva, la prevención debe ser el centro de la política nacional y se debe concebir como una política de Estado que aborde todos los puntos resaltados en el presente informe con una perspectiva de corto, mediano y largo plazo basada en la identificación de las causas estructurales que subyacen en las desapariciones forzadas”, indicó.
El comité de la ONU destacó que “la política nacional de prevención y de erradicación no debe limitarse a la prevención operativa, destinada únicamente a evitar amenazas concretas de las desapariciones y otras violaciones de los derechos humanos, o tan solo a reducir las desapariciones en curso”.
“Se trata de impedir las violaciones sistémicas y combatir la impunidad de las desapariciones forzadas, tanto de las presentes como de las del pasado”, mencionó.
En el comunicado de respuesta del gobierno de López Obrador de agosto de 2022, se destacaba la iniciativa presidencial aprobada por unanimidad por el Congreso de la Unión que reforma la ley general en materia de desaparición.
“Y crea el Centro Nacional de Identificación Humana, que tendrá como objetivo hacer frente al rezago de identificación de cuerpos y restos localizados a través de un enfoque masivo”, resaltó el gobierno de López Obrador.
En el presupuesto de 2025, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) sufrió un recorte de unos 47 millones de pesos respecto al año anterior.
En el comunicado también se destacó la creación del Mecanismo Nacional de Seguimiento a las Recomendaciones Internacionales en materia de Desapariciones Forzadas y la reforma a la ley que crea el Centro Nacional de Identificación Humana.
En el presupuesto de este año, hubo una reducción de personal de 60 a 24 trabajadores.