En su último día de sesiones del periodo ordinario, el pleno del Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en materia de fortalecimiento de la regulación y control de armas de explosivos y sustancias relacionadas.
El dictamen fue aprobado por unanimidad de 105 votos a favor de senadores de Morena, PT, PVEM, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.
El documento fue remitido a la presidenta Claudia Sheinbuam para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.
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Las reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establecen pena de prisión de 20 años a la persona que fabrique, transporte, posea, porte, comercialice, transfiera la posesión o haga uso de artefactos explosivos improvisados, como bombas caseras o drones explosivos. La pena aumentará hasta 50 años cuando se comenta con fines de delincuencia organizada.
Los cambios legales también refiere prisión de cuatro y hasta ochos años de prisión a quien realice cualquier tipo de modificación o alteración de un arma.
Estos cambios tuvieron el respaldo de la Secretaría de la Defensa, cuyos elementos están asignados a tareas de seguridad pública.
También establece que los ejidatarios, comuneros y jornaleros podrán tener en sus domicilios varias armas, como escopeta de cualquier calibre, excepto las de cañón de longitud inferior a .635 milímetros y las de calibre superior a 18.5 milímetros.
Los practicantes de tiro o cacería debidamente acreditados ante la Sedena, podrán contar en su domicilio hasta con 10 armas de fuego.
El dictamen plantea que seis objetivos: consolidar el carácter de orden público e interés social de la ley y extender su observancia general a todo el territorio nacional; fortalecer el control estatal sobre todas las actividades conexas con armas, explosivos, pirotecnia y sustancias químicas relacionadas; incorporar una tipología moderna de armamento y accesorios; precisar las condiciones de posesión y portación; reorganizar las facultades de las autoridades; y establecer campañas permanentes de desarme y cultura de paz como obligación de los tres órdenes de gobierno.