Cinco mujeres que se encontraban privadas de su libertad en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No. 16 en Morelos obtuvieron su libertad condicionada este viernes, gracias a un programa de colaboración entre autoridades penitenciarias y la fundación Justicia y Dignidad con Libertad A.C.
A través de un comunicado conjunto difundido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se informó que las beneficiarias, identificadas como Rebeca “N”, Daniela “N”, María Berenice “N”, Luz Adriana “N” y Zuremi “N”, cumplieron con los requisitos establecidos para su liberación, incluyendo buena conducta, participación en actividades de reinserción social y haber recibido apoyo psicológico.
La organización Justicia y Dignidad con Libertad A.C. cubrió los pagos de multas por reparación de daños, que ascendían a un total de 40 mil 833 pesos, lo que les impedía recuperar su libertad pese a haber cumplido su sentencia por delitos de bajo impacto.
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A su salida del penal, las mujeres fueron recibidas por personal de la Secretaría de las Mujeres, que les brindó asesoría sobre programas de apoyo gubernamental y acompañamiento para su integración a la sociedad. Mientras una de ellas se reunió con sus familiares, las demás recibieron alojamiento temporal y apoyo económico para su traslado a distintas entidades del país.
La liberación de estas mujeres contrasta con las condiciones denunciadas previamente en el Cefereso 16. En junio de 2024, organizaciones de derechos humanos alertaron sobre la muerte de al menos 14 reclusas entre julio de 2021 y mayo de 2024, debido a la falta de atención psicológica y psiquiátrica en el penal. De acuerdo con los informes, algunas de estas muertes fueron suicidios relacionados con la administración de medicamentos de uso controlado sin supervisión médica adecuada.
Las denuncias también incluyen la corrupción dentro del penal, donde las reclusas son obligadas a comprar productos básicos a precios inflados, y la exposición constante a condiciones inadecuadas como alimentos insalubres, escasez de agua potable y ausencia de atención médica. Organizaciones civiles han calificado estas prácticas como “actos de tortura como política de Estado”.
Ante este contexto, colectivos han exigido la creación de un equipo especializado que pueda evaluar y dar seguimiento a la salud mental de las reclusas, así como un sistema de información permanente que permita conocer en tiempo real las condiciones de las mujeres privadas de su libertad en el penal de Morelos.