La Fiscalía del Estado de Jalisco notificó a la Fiscalía General de la República (FGR) en septiembre de 2024 sobre evidencias de fuero federal encontradas en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán.
La notificación, realizada mediante un oficio dirigido al agente del Ministerio Público de la Federación en la subsede de Ameca, detallaba el aseguramiento de armas de fuego, cargadores, municiones, equipos de comunicación y vehículos, además de la detención de diez personas y el rescate de tres víctimas privadas de la libertad.
El documento especificó que el hallazgo tuvo lugar el 18 de septiembre de 2024 a las 5:50 de la tarde, cuando elementos de la Guardia Nacional ingresaron a la finca localizada en la comunidad de La Estanzuela, donde se aseguraron cinco armas largas, dos armas cortas, varios cargadores y más de 300 cartuchos útiles. También se confiscaron tres teléfonos celulares, dinero en efectivo, placas balísticas y chalecos antibalas, además de dos vehículos, un Honda Pilot y un Acura MDX.
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Este oficio fue recibido por la FGR el mismo 27 de septiembre, según consta en el sello de recibido que aparece en el documento. Sin embargo, según información reciente, la FGR ha abierto carpetas de investigación contra funcionarios de la fiscalía de Jalisco por presuntas omisiones en la investigación del caso.
Ayer martes, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, indicó que existen pruebas documentales que evidencian faltas en la actuación de la fiscalía estatal.
El fiscal general afirmó que los funcionarios implicados tendrán que responder por las irregularidades detectadas, ya que la FGR ha tomado posesión del rancho Izaguirre desde la madrugada del 25 de marzo para continuar con las diligencias periciales. Entre las presuntas omisiones se encuentra la falta de entrega de evidencias halladas por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, como ropa y calzado que continúan bajo resguardo de la fiscalía estatal.
Además, Gertz Manero criticó la presunta manipulación de la investigación, señalando que la fiscalía de Jalisco convocó a colectivos de búsqueda a la apertura del predio sin haber informado previamente a la FGR.
El caso tomó relevancia pública en marzo de 2025, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió nuevos indicios en el rancho. La FGR solicitó entonces a la fiscalía estatal que entregara todas las pruebas recopiladas desde septiembre.