Cuatro de los militares del 16º Regimiento de Caballería Motorizada involucrados en la masacre de cinco jóvenes ocurrida el 26 de febrero de 2023 en la colonia Manuel Gabas Lerma de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron condenados a 40 años y nueve meses de prisión.

Los cuatro militares condenados cumplirán su pena en el Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México, donde se les ha ordenado permanecer sin poder salir a menos que se les otorgue un permiso expreso. Además, el tribunal ordenó que el comandante del 16º Regimiento de Caballería Motorizada ofrezca una disculpa pública a las familias de las víctimas por los esfuerzos iniciales para incriminarlas como delincuentes.

Así lo anuncio este miércoles el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, en una conferencia de prensa recordó que los cinco jóvenes fueron asesinados mientras salían de un bar, tras celebrar un evento familiar.

Los agresores, bajo el mando de un capitán, rodearon a los jóvenes y les dispararon por la espalda sin justificación alguna. En el ataque, dos de ellos lograron sobrevivir.

A pesar de los intentos iniciales de desvirtuar los hechos y criminalizar a las víctimas, la intervención del Comité de Derechos Humanos y un grupo de abogados permitió que se avanzara en el caso. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación, y un juicio se llevó a cabo en Reynosa, donde finalmente se dictó sentencia contra los cuatro soldados involucrados.

Durante la conferencia, el presidente del Comité también hizo hincapié en la resistencia de las familias de las víctimas, quienes, a pesar de los múltiples obstáculos y el riesgo derivado de la violencia en la región, nunca dejaron de luchar por la justicia.

Aseguró que esta condena contra los militares envía un mensaje importante al Ejército: "Si un mando superior ordena cometer un delito, no están obligados a obedecer, y si lo hacen, deben ser responsables de sus acciones".

En su intervención, Raymundo Ramos también hizo referencia a la manipulación de evidencias y a la falta de colaboración por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que según él, obstruyó las investigaciones durante los primeros meses. A pesar de estos obstáculos, la condena es vista como un paso fundamental para el fortalecimiento de la justicia en Tamaulipas, un estado marcado por la violencia y la impunidad.

El presidente del Comité recordó que este caso no es el único incidente en la región, ya que en 2023 se registraron otros hechos similares en los que personas fueron asesinadas por militares. No obstante, destacó que la sentencia marca un precedente importante en el país, ya que es un paso hacia la justicia en los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas.