Guanajuato.- Algo no cuadra en Celaya. Este municipio, con 541 mil habitantes, cuenta con la mayor cantidad de elementos de seguridad por habitante en Guanajuato, pero las víctimas de homicidio se han incrementado considerablemente desde el 22 de agosto pasado, cuando el gobierno federal asumió el control de la seguridad.

El alcalde morenista Juan Miguel Ramírez Sánchez es señalado como parte clave de este problema. Según fuentes de alto nivel, la Fiscalía General de la República (FGR), investiga sus declaraciones sobre que el crimen organizado le pidió plazas en el gobierno municipal, así como por haber reincorporado a más de cien policías, incluido su jefe de seguridad, Eduardo Coria, recientemente asesinado, quienes presuntamente no pasaron los exámenes de control de confianza. Sin embargo, no hay datos oficiales sobre cuántos elementos reprobaron estas evaluaciones.

En Celaya hay 3 mil 800 personas dedicadas a tareas de seguridad pública, incluyendo soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y policía municipal. Esto equivale a 702.40 efectivos por cada 100 mil habitantes, muy por encima del estándar de entre 222 y 300 policías recomendado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A pesar de este despliegue, enero cerró con un aumento del 52% en carpetas de investigación por homicidio doloso con arma de fuego respecto al mismo periodo del año pasado. Se prevé que las cifras de febrero mantendrán esta tendencia, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El inicio de marzo fue igual de violento: el jueves pasado, el exdirector de la policía municipal, Carlos Reyes, fue ejecutado en la transitada avenida Juan José Torres Landa. Horas después, el policía Roberto Carlos Juárez fue asesinado en su día de descanso cuando regresaba a casa en la colonia La Calesa.

Según las primeras investigaciones, las víctimas no habían recibido amenazas y se habían distinguido por desempeñar bien su trabajo. No tenían vínculos con la delincuencia. Alguien “los puso”.

Según un reporte de inteligencia, al que Latinus tuvo acceso, esta ola de violencia está en la disputa entre el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control de actividades ilícitas, como el tráfico de combustible y el narcomenudeo. Esta situación, sin embargo, no es generalizada en Guanajuato, sino que se focaliza en la región Laja-Bajío.

En León, por ejemplo, el número de carpetas de investigación por homicidio doloso con arma de fuego cerró en enero con una disminución de -41.67%. Sumando a policías municipales, soldados y Guardia Nacional, hay 238.88 efectivos por cada 100 mil habitantes, justo el estándar de la ONU.

León es tres veces más grande que Celaya, tiene una menor proporción de fuerzas del orden y redujo los homicidios dolosos con arma de fuego. Lo mismo ocurre en Irapuato: con 800 policías municipales protegiendo a poco más de 600 mil habitantes, la reducción es de -40%, similar a la ciudad zapatera.

El punto de quiebre

El 22 de agosto de 2024 las fuerzas federales tomaron el control de la seguridad en Celaya. A través del operativo Trueno, los 500 policías municipales entregaron sus armas y fueron reemplazados por igual número de oficiales de la Guardia Nacional.

Y empezó el desastre: según datos del SESNSP, para septiembre los homicidios dolosos con arma de fuego se incrementaron en 62%, en comparación con el mismo periodo del año anterior. En octubre el número de carpetas de investigación por este delito creció en 222%, noviembre 53.57% más, y diciembre cerró con un alza de 68.42%.

El 10 de octubre de 2024 rindió protesta Juan Miguel Ramírez Sánchez. En sus primeras declaraciones dijo tener “miedo”, al igual que el resto de la ciudadanía. Y su más vistosa acción en materia de seguridad fue anunciar el despido masivo de policías municipales, esos que estaban acuartelados. Su pecado: haber pertenecido a la extinta Policía Federal.

Las cifras no jugaban a su favor. Antes del desarme, la tendencia en homicidios dolosos con arma de fuego iba a la baja, solo con un incremento en mayo. La comparación 2024 con 2023 arroja estos datos: enero, -10%; febrero, -65%; marzo, -54%; abril, -58%; mayo, 25%; junio, -5.8%; julio, -71%; y agosto, -40%. Todo con cifras del SESNSP.

El estado de fuerza de policías municipales pasó de 500 en agosto a 360 en diciembre de 2024. Para febrero de este año, ya rondaban nuevamente el medio millar. Sin embargo, al menos 120 policías que la anterior administración había dado de baja por reprobar las pruebas de control y confianza, comenzaron a ser recontratados a partir del 2 de diciembre.

Según el artículo 9 fracción VIII de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, las autoridades deben abstenerse de contratar y emplear en las Instituciones Policiales a personas que no cuenten con el requisito y certificado emitido por el Centro de Evaluación y Control de Confianza.

Pero esto no parecía importar a Juan Miguel Ramírez Sánchez.

La infiltración

El 22 de noviembre de 2024 el alcalde encendió los focos rojos. En rueda de prensa, Ramírez Sánchez reconoció que integrantes del crimen organizado lo habían buscado en persona, por teléfono y “por diversas formas” para pedirle espacios en su gabinete.

Las declaraciones surgieron por cuestionamientos de los medios sobre el atentado que sufrió horas antes el entonces director del Instituto de Formación Policial (Infopol) y excandidato a la Alcaldía por el Partido del Trabajo en 2024, Jorge Acuña Dávalos. Sicarios intentaron asesinarlo cuando este salía de su domicilio, pero logró resguardarse y resultó ileso.

La mañana del 12 de febrero pasado, cuando salía de su domicilio, sicarios asesinaron a balazos a Álvaro Fernando Coria Jiménez, jefe de escoltas del alcalde Juan Miguel Ramírez. Horas después del crimen, comenzó a circular un video en el que el CJNG se adjudicaba el homicidio.

“Esto le seguirá pasando a todos los que apoyen a los mugrosos mata inocentes de Los Marros”, se leía en el mensaje, en clara alusión al CSRL, liderado por José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”. En el video también se amenazaba a funcionarios municipales por presuntamente estar coludidos.

Un segundo reporte de inteligencia en poder de Latinus menciona que Coria Jiménez fue dado de baja de la policía municipal por reprobar las pruebas de control y confianza, específicamente por tener vínculos con el CSRL. Además, estuvo dos veces en prisión por homicidio, en 2020 y 2022.

“El alcalde Juan Miguel Ramírez fue advertido de estos antecedentes y del riesgo que implicaba su contratación”, cita el reporte, y agrega: “en la nueva administración, la policía municipal de Celaya recontrató policías que fueron retirados de sus funciones por posibles vínculos con la delincuencia”.

El reporte también señala a Jorge Acuña por tener vínculos con la delincuencia. La clave está en que el ahora exdirector del Infopol y Coria eran grandes amigos, y juntos habían armado un plan.

Según un exfuncionario policial de Celaya, Acuña fue director de policía de Celaya entre 2012 y 2014. Presionado por el gobierno estatal, tuvo que aceptar la baja de Álvaro Fernando Coria en 2013, cuando resultó no apto por sus vínculos con la delincuencia, ya que de lo contrario el municipio no podría acceder a los recursos del entonces Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).

El exfuncionario policial señala directamente a ambos personajes de haber convencido a Ramírez Sánchez de despedir a los policías de extracción federal y de recontratar a los policías dados de baja por reprobar las pruebas de control y confianza.

Uno de los expolicías no alcanzó a ingresar nuevamente a las filas de la corporación. El 18 de noviembre, en la colonia Obrero Mundial, fue asesinado Carlos Alberto Estrada Arévalo, quien participaba en el curso impartido por el Infopol que todavía dirigía Acuña para poder ser recontratado.

Ante el recrudecimiento de la violencia homicida en Celaya, el alcalde ha respondido con un llamado al Estado para que envíen más oficiales de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado a patrullar Celaya, no obstante que el mayor despliegue de la policía estatal se encuentra precisamente en la zona Laja-Bajío.

No bastan los 2 mil 800 soldados de la Fuerza de Tarea Celaya, ni los más de 500 efectivos de la Guardia Nacional, o el medio millar de policías municipales para contener los homicidios o las crecientes extorsiones y cobro de piso a comerciantes de la Central de Abastos, prácticas erradicadas en la administración pasada y que ahora, como los asesinatos, van al alza.