La procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, afirmó este jueves que entre 2022 y 2025 presentó 59 denuncias contra factureras por más de 54 mil 698 millones de pesos.
“En lo que va del 2025, desafortunadamente aún tenemos este fenómeno muy vivo, con 5 mil 600 millones de pesos defraudados, pero ya denunciados ante la FGR”, resaltó.
En reunión de trabajo con diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público subrayó que “durante años, las factureras fueron la maquinaria del fraude, una industria del engaño que desvió miles de millones de pesos que debían invertirse en educación, salud e infraestructura, incluso, poder repartirlo entre las entidades federativas”.
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“Solamente en el 2023 las redes de factureras defraudaron por más de 21 mil 700 millones de pesos, así sucesivamente en el 2022 viendo en retrospección se defraudó por más de 17 mil millones de pesos para después tener un repunte en el 2024, año en el que vemos una baja de 10 mil millones de pesos", dijo.
Galeano García resaltó que “en 2020 el SAT reveló operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos, con un daño fiscal por más de 55 mil millones de pesos”.
“Estas cifras equivalen a los presupuestos completos de estados de la república, cifras que pudieron ser hospitales, carreteras, universidades y becas”.
La funcionaria federal subrayó que “la propuesta de reforma es contundente entonces: negar el registro a empresas vinculadas con factureras, suspender la facturación apócrifa de inmediato, ampliar la restricción de sellos digitales, establecer visitas domiciliarias eficaces y obligar a reparar el daño al erario”.
“No pretendemos endurecer sanciones y ser ejemplares en su imposición, lo que pretendemos de fondo es garantizar que nunca más la hacienda pública será saqueada a través de simulaciones”, indicó.
La procuradora Fiscal mencionó que “la reforma al Código Fiscal, no es una reforma fiscal, establece un andamiaje jurídico, robusto, se faculta al SAT para negar la inscripción en el RFC a empresas cuyos socios estén vinculadas con redes fraudulentas”.
“Se obliga a que cada factura ampare operaciones existentes, verdaderas y reales, se crea el artículo 49 Bis que faculta visitas domiciliarias de hasta 24 días hábiles con suspensión inmediata de facturación y derecho de audiencia”, comentó a diputados.
Galeano García expresó que también se “adiciona el artículo 113 Bis, que sanciona expresamente a emisores y representantes legales, se amplía la restricción de sellos digitales para impedir que los receptores de facturas falsas sigan operando”.