Al iniciar el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han implementado una serie de operativos para reducir la inseguridad, lo que parece señalar un cambio en la estrategia de seguridad de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien se caracterizó por su lema “abrazos, no balazos”.

En su política de seguridad, López Obrador optó por programas sociales destinados a alejar a los jóvenes de la delincuencia y modificar la visión criminalizante sobre el consumo de drogas.

Este enfoque se tradujo en una menor intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional en enfrentamientos con grupos del crimen organizado, en comparación con los sexenios previos, así como en una reducción de las detenciones por narcotráfico.

En contraste, al asumir el cargo, Claudia Sheinbaum anunció diversas acciones para enfrentar la inseguridad. Entre ellas se incluyen los operativos “Enjambre” contra funcionarios públicos vinculados a delitos en el Estado de México, y el operativo “Limpieza” para decomisar productos piratas. Además, la presencia del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en Sinaloa, fue clave para atender los enfrentamientos entre grupos armados en la entidad.

La mandataria también presentó las directrices de la nueva estrategia de seguridad, que incluye: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación con los estados.

“Estos cuatro ejes de seguridad, que planteamos en campaña, los vamos a conservar durante todo el gobierno y los vamos a consolidar. Vamos a disminuir los delitos de alto impacto. Van a disminuir porque hay una estrategia y se va a cumplir”, prometió en una de sus conferencias de prensa matutinas.

Una de las acciones destacadas de la actual administración ha sido el Operativo Enjambre. Hasta el momento, las autoridades han detenido a 25 funcionarios del Estado de México vinculados a diversos delitos y grupos criminales como La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Unión Tepito, el Nuevo Imperio y la Anti-Unión Tepito.

En el mismo estado, se llevó a cabo el Operativo Atarraya, en el que, hasta el 29 de diciembre, se intervinieron 194 establecimientos como bares y las llamadas “chelerías” por su presunta vinculación con la venta y consumo de drogas u otros delitos.

Un hecho relevante en los esfuerzos para contener a los grupos delictivos en Sinaloa fue la detención de Edwin Antonio Rubio López, alias “El Oso” o “El Max”, presunto operador de Ismael “El Mayo” Zambada, durante un enfrentamiento que dejó 19 muertos.

"Toda acción de este tipo en la que se pierden vidas, independientemente de si las personas son delincuentes o no, siempre se investiga. Hay un proceso que se sigue. Si quieren información clara, les diré que fue una detención en la que hubo agresión contra las fuerzas federales, y respondieron", comentó la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a este hecho.

Durante los primeros meses de su gobierno, las autoridades también han detenido a importantes generadores de violencia o líderes de cárteles de la droga, como Hernán Domingo Ojeda López, “El Mero Mero”, tío de Ovidio Guzmán; Marco Antonio "N", “El Panadero”, líder de una célula del Cártel Independiente de Acapulco; y Juan Manuel Bernal Hernández, “Drácula”, jefe de una célula del Cártel del Pacífico.

Asimismo, fueron capturados Miguel Ángel Cuéllar Rangel, "El Tigre", presunto operador del Cártel de Sinaloa, y Vicente Gerardo "N", “La Garza”, líder de una célula del grupo delictivo “Los Ardillos”, con presencia en Guerrero.

Sin embargo, las acciones no se han limitado solo a la detención de generadores de violencia o decomisos de drogas. El gobierno federal también ha puesto en marcha el Operativo Limpieza, cuyo objetivo es decomisar productos piratas y mercancía ilegal en varios estados del país.

Este operativo comenzó en una plaza comercial de la avenida Izazaga, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se aseguraron alrededor de 90 mil piezas de mercancía. Según el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se ha extendido a otros cuatro estados: Sonora, Coahuila, Baja California y Durango, donde se han asegurado millones de productos presuntamente ilegales.