Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa publicó en redes sociales "de nuevo el posicionamiento" respecto de la determinación del gobierno de España de no mandar representante a su toma de posesión.
Las autoridades de ese país consideraron "inaceptable" que haya invitado al presidente Pedro Sánchez, en vez del Rey Felipe VI, Jefe de Estado de esa nación.
Sheinbaum señaló que el nuevo texto tiene "dos precisiones que se fueron en la transcripción", aunque de la lectura se desprenden cuatro cambios.
Sin embargo, hubo una imprecisión en el texto que no fue corregido en la nueva versión: llamó al presidente de España, Pedro Sánchez Castrejón, pero el segundo apellido del mandatario compuesto es Pérez-Castejón; el texto fue cambiado de nuevo minutos después.
Primero, fue corregido el error respecto del tiempo transcurrido desde la fundación de Tenochtitlán; en la redacción original decía "dos siglos" y el texto actualizado corrige que son siete siglos, dado que el año registrado por historiadores es 1325.
En el párrafo siguiente a la cita de un extracto de la misiva que Andrés Manuel López Obrador envió en 2019 al rey de España, donde proponía que ese país pidiera disculpas por los agravios de la Conquista, modificó la redacción, aunque conservó la idea.
"Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales. En cambio, parte de la misiva se filtró en medios de comunicación, y la respuesta a la misma, fue un comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de España", se lee.
Líneas más adelante, Sheinbaum Pardo matizó respecto del los efectos que esa acción por parte de España tendría.
"Precisamente por todo ello, es que pienso que nuestros lazos se beneficiarían con el reconocimiento de una renovada perspectiva histórica, como eje de una relación respetuosa, sólida y fructífera", consideró.
En el nuevo comunicado, la mandataria electa eliminó un párrafo en el que hacía referencia a la iniciativa del presidente López Obrador, enviada al Congreso el pasado 5 de febrero, para cambiar la Constitución a fin de "reconocer los derechos plenos de los pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas, aprobada recientemente por las cámaras de Diputados y Senadores".