Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realiza consultas para saber si puede analizar posibles afectaciones a la autonomía e independencia judicial y a la división de poderes en la reforma judicial, el exmagistrado Flavio Galván consideró que el máximo tribunal sí puede resolver sobre reformas constitucionales.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación sí tiene competencia, en mi opinión, para analizar y resolver sobre reformas constitucionales, es uno de los tres Poderes, no puede el Legislativo ser un poder omnívoro, la división de poderes es para que haya equilibrio en el ejercicio del poder”, sostuvo.
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Durante su participación en el Congreso "Reforma Político-Electoral en México: Ventajas y Desafíos”, realizado en Chihuahua, el magistrado cuestionó el procedimiento legislativo que se dio en el Congreso de la Unión para aprobar la reforma judicial.
“Y nadie podrá decir que las reforma constitucional reciente fue estudiada por quienes la votaron: fue una legislatura la que estudió y otra la que votó. ¿A qué hora estudiaron?, ¿a qué hora la leyeron?, ¿cuándo la discutieron?, ¿qué oportunidad dieron de discusión? Y es otro principio constitucional que está en la letra de la ley: la democracia a partir del debate”, planteó.
Sin mencionar a Morena y el gobierno federal, que promueven esa óptica, el exmagistrado electoral Flavio Galván cuestionó que se diga que actualmente los jueces no representan al pueblo.
“Por eso es que tenemos que revisar nuevamente el principio de división de poderes, porque se ha preguntado desde la ignorancia también: ¿y a quién representan los jueces y magistrados? Bastaría leer la Constitución para poder concluir que representan al pueblo, no son electos por el pueblo, eso es otro despropósito”, mencionó.
El exintegrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunció en este congreso por una reforma electoral que elimine la centralización de facultades en el INE y se devuelva a los estados su autodeterminación en la materia; también para regular las coaliciones entre partidos y para garantizar que las candidaturas independientes puedan competir en condiciones de igualdad con las postulaciones de partidos.