El presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, Juan Carlos García Márquez informó que el director de Seguridad Pública y Vialidad de la demarcación, Marcos Fredy Hernández López, presentó su renuncia, después de que se diera a conocer que un oficial de la policía disparó y provocó la muerte de Diego Ignacio Paz, estudiante de la Universidad Anáhuac, la madrugada del 31 de agosto.
Por medio de un video difundido en redes sociales, el edil morenista anunció que tras la renuncia de Hernández López este lunes, el comandante Antonio Santiago Blanco asumió la posición inmediatamente.
Además, García Márquez cesó de sus funciones a cuatro oficiales tras la muerte del universitario: al comandante en turno, policía primero, Miguel S.S.; el suboficial, Cristóbal V.G.; al policía segundo, José E.G.R; y a la oficial Gilda B.A.R.
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Además, se separó de su cargo al director de la policía vial municipal de Santa Lucía del Camino, el comandante Cirino S.V., quien fue atropellado y herido la madrugada del sábado.
Diego Ignacio Paz murió presuntamente por abuso de elementos de la Policía Municipal, después de que elementos municipales le dispararon tras burlar un operativo de alcoholímetro.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el joven viajaba con otra persona identificada con las iniciales C.J.R.M.
Al evitar el alcoholímetro, Diego Ignacio y su acompañante atropellaron a un policía vial, pero metros adelante, los dos jóvenes abandonaran el vehículo en el que viajaban, huyeron a pie y fueron perseguidos por agentes municipales, indicó la FGE.
Cuando fueron alcanzados, Diego presentaba una herida de bala, por lo que fue trasladado a un hospital, donde falleció mientras recibía atención médica. Su acompañante fue detenido y presentado ante el agente del Ministerio Público.
Por este hecho, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca informó que abrió un expediente por un presunto caso de abuso policial y malas prácticas en el ejercicio de la labor policial.
Más tarde, el gobernador Salomón Jara dijo que la policía de Santa Lucía es una de las peor evaluadas, acusó la existencia de "una red de extorsión alrededor de los operativos del alcoholímetro", y detalló que tienen muchas denuncias ante el Tribunal Superior de Justicial y la Defensoría de Derechos Humanos.
Agregó que pidió al alcalde de Santa Lucía, Juan Carlos García Márquez, que asumiera su responsabilidad y colabore con la investigación para deslindar las responsabilidades pertinentes.