Los abogados de Genaro García Luna difundieron una carta escrita a mano por el exsecretario de Seguridad de México, en la que, además de sostener su inocencia, señala que los mismos testigos que declararon en su contra también han señalado los vínculos del actual gobierno de México con la delincuencia organizada.

García Luna, detenido en diciembre del 2019 por presuntos nexos con la delincuencia organizada, en la misiva señala que en los registros oficiales de México y Estados Unidos hay pruebas de los vínculos de los operadores de Morena con grupos criminales e incluso con cercanos a quienes declararon en su contra.

“Los contactos, videos, audios, fotografías, registro de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias, en particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio, quienes inclusive durante el juicio imputan al presidente López Obrador y a sus operadores de estar vinculados con ellos y el narcotráfico”, sostiene García Luna.

El exsecretario de Seguridad federal de México, quien permanece preso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, evidencia la postura de López Obrador ante la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, así como la presurosa intención de aprobar la reforma al Poder Judicial y el distanciamiento o suspensión de las relaciones con la embajada de Estados Unidos en México.

“Estos hechos son corroborados con la reciente captura del narcotraficante Ismael Zambada, la carta emitida por él, donde señala los vínculos del actual gobierno con él y el narcotráfico, la posición del gobierno de México ante la captura del capo y el desmantelamiento del Poder Judicial de México (jueces, magistrados, ministros, ministras, Corte) cuyos principales beneficiarios son los criminales. Hechos ratificados con la pausa-suspensión de relaciones oficiales entre México y Estados Unidos decretada por el presidente de México debido a la postura de Estados Unidos ante estos hechos”, sostiene quien fuera secretario de Seguridad en la administración de Felipe Calderón.

García Luna aseguró que sus abogados apelaron la sentencia de culpabilidad y que está sujeta a la revisión de un Tribunal Colegiado de la Corte de Estados Unidos, toda vez que no se presentó ninguna prueba en su contra, sólo los testimonios de los testigos protegidos.