Tras la promulgación de la reforma judicial por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador la noche del 15 de septiembre, la Barra Mexicana de Abogados (BMA) y expertos salieron a expresar su rechazo por los nuevos artículos constitucionales que regirán al Poder Judicial y destacaron que su discusión, aprobación y promulgación se hicieron en desacato a la suspensión provisional de un amparo. 

En su cuenta de X, la BMA destacó que "con todo y suspensión, el Ejecutivo publicó la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Poder Judicial, un domingo en la noche".

Esto, en referencia a que un juez en Colima otorgó el pasado 5 de septiembre una suspensión provisional para que la reforma judicial no se publicara antes del 11 de octubre, fecha en la que se fijó la audiencia incidental en el juicio de amparo.

Posteriormente, la Barra Mexicana de Abogados publicó un comunicado en conjunto con la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, donde alertó que la reforma constitucional politizará el Poder Judicial al reemplazar a casi 7 mil jueces por medio del voto popular. 

"Estos cambios, que afectan más de 18 artículos estructurales de la Constitución, violan las obligaciones de Mexico bajo el derecho internacional y representan una grave amenaza para la independencia judicial y el Estado de derecho en México", aseguraron.

Asimismo, criticaron que la reforma haya sido "aprobada de manera expedita", pues el debate y su aprobación en el Congreso de la Unión y en los congresos locales duró poco más de ocho días, y destacaron las manifestaciones de los jueces, estudiantes y miembros de la sociedad civil para exigir una mayor discusión. 

"La falta de deliberación significativa y consulta pública es alarmante, dada la gravedad de las consecuencias para la administración de justicia en todo el país", añadió.

Por su parte, el abogado constitucionalista y representante legal de la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., Raúl Andrade Osorio, calificó al presidente de tirano, además de asegurar que "perdió su oportunidad para pasar a la historia como un demócrata",y destacó que las consecuencias de la reforma las pagará la gente menos desfavorecida. 

La Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. fue la que promovió un amparo indirecto el pasado 5 de septiembre en contra de la discusión, aprobación y futura publicación de la reforma judicial que fue planteada por el presidente López Obrador, y que fue concedido de forma provisional por el juez de Colima.

Por su parte, Francisco Burgoa, profesor de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que con la entrada en vigor de la reforma en el marco de la conmemoración del Día de la Independencia de México, "irónicamente la independencia judicial no tendrá nada que celebrar".

Burgoa escribió en X que las modificaciones constitucionales se realizaron al violar la suspensión de un amparo, lo que constituye una "grave afrenta al Estado de derecho".