Imagina por un momento que eres —o quieres ser— un juez en México. Cada día, te enfrentas a la responsabilidad de tomar decisiones que pueden cambiar el curso de la vida de personas, decidir sobre el destino de criminales peligrosos o resolver complejos conflictos de intereses económicos. Pero, además de esta carga profesional, imagina que, al salir de tu oficina, te sigan vehículos desconocidos, que recibas amenazas de muerte, o que tu familia se convierta en un blanco de represalias. Para muchos en el sistema judicial mexicano (ese que hoy se encuentra bajo el estrés político por todos conocido), esta no es una fantasía, sino una realidad cotidiana. Sobre esto quiero contarte hoy, utilizando para ello, el interesante estudio elaborado por la ONG México Evalúa y el cual será presentado el próximo 2 de septiembre del 2024. Agradezco a Susana Camacho, co-coordinadora del Programa de Justicia, su participación en exclusiva para Latinus en la elaboración de estas líneas.

 

El precio de la justicia en México

En un país donde la violencia y la inseguridad se han convertido en parte del paisaje diario, no debería sorprender que los jueces, actuarios y otros funcionarios del sistema judicial estén en la línea de fuego. En dicho estudio se revela que el 21% de las personas juzgadoras y el 52% de los actuarios han sido víctimas de ataques o amenazas a su integridad en la última década. Estos números, aunque alarmantes, podrían ser sólo la punta del iceberg, ya que muchos funcionarios han normalizado estas agresiones como parte inevitable de su labor.

¿Por qué es tan peligroso impartir justicia en México? La respuesta no es simple. El contexto de violencia generalizada, la desigualdad social y los conflictos de poder entre grupos políticos y económicos crean un entorno hostil para quienes deben hacer cumplir la ley. Y, aunque este problema es evidente, la falta de un registro oficial y detallado de las agresiones complica aún más la situación.

 

La carencia de protección eficaz

Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio es la falta de protección adecuada para el personal judicial. Sólo los poderes judiciales del Estado de México y de la federación reportan tener registros oficiales de agresiones, pero incluso estos son incompletos y sólo reflejan los casos en los que se solicitó o se otorgó alguna medida de protección. En muchos otros estados, ni siquiera existen registros específicos, lo que deja a los jueces y actuarios en una situación de indefensión.

Además, las medidas de protección ofrecidas por algunas fiscalías y secretarías de seguridad suelen ser insuficientes y reactivas, aplicándose sólo después de que se ha producido una amenaza o agresión. Por ejemplo, aunque algunas instituciones ofrecen escoltas, vehículos blindados o chalecos antibalas, estas medidas no siempre son suficientes ni están disponibles para todo el personal judicial. En muchos casos, la protección se centra en jueces y magistrados, dejando de lado a actuarios y otros funcionarios que también enfrentan riesgos significativos.

Los tipos de violencia a los que están expuestos los jueces y actuarios son variados y perturbadores. Las amenazas de lesiones y homicidio son las más comunes, seguidas por las amenazas de causar daño a sus familiares y los actos de persecución. Además, las extorsiones y las lesiones físicas son una realidad preocupante para muchos de estos funcionarios. Las mujeres, en particular, enfrentan una forma de violencia diferenciada que se suma a la ya pesada carga de su labor.

Pero el problema no se detiene en las amenazas. En los últimos diez años, al menos 23 funcionarios judiciales, incluidos jueces y actuarios, han perdido la vida en ataques violentos. Estos homicidios no sólo privan a la justicia de servidores dedicados, sino que también envían un mensaje escalofriante a quienes aún ejercen: impartir justicia en México puede costarte la vida.

Otra dimensión inquietante de este problema es la participación del Estado en las agresiones. Aunque es su deber proteger al personal judicial, el Estado, a través de instituciones como las fiscalías y los gobiernos locales, a veces se convierte en un agresor. Esto puede deberse a conflictos de intereses o a la intervención en casos políticamente sensibles, donde las decisiones judiciales no son bien recibidas por el poder en turno.

En este escenario, es comprensible que solo el 39% de los jueces y el 29% de los actuarios hayan reportado las agresiones que han sufrido. La falta de confianza en las autoridades y la percepción de que denunciar puede empeorar su situación son barreras significativas que impiden que estos incidentes salgan a la luz. Peor aún, cuando se reportan, la respuesta es a menudo insuficiente: sólo el 24% de los jueces y el 10% de los actuarios que denunciaron agresiones recibieron alguna medida de protección efectiva.

 

El impacto de la violencia en la labor judicial

Las agresiones contra el personal judicial no sólo tienen un impacto directo en su seguridad física, sino que también afectan profundamente su capacidad para desempeñar sus funciones de manera independiente y objetiva. El temor constante a represalias puede llevar a decisiones judiciales influenciadas por la auto preservación en lugar de la justicia. Este fenómeno erosiona la confianza pública en el sistema judicial y compromete la integridad del proceso legal.

Imagina a un juez que, tras recibir amenazas de muerte, se enfrenta a un caso en el que uno de los involucrados tiene conexiones con grupos delictivos. ¿Qué tan probable es que ese juez pueda tomar una decisión imparcial cuando sabe que su vida o la de su familia está en peligro? La justicia no puede operar bajo estas condiciones. La independencia judicial, un pilar fundamental de cualquier democracia, se ve seriamente comprometida cuando los jueces no pueden actuar libremente debido al miedo.

El estudio también revela que el impacto de estas agresiones también se extiende a la salud y el bienestar de los funcionarios judiciales. El estrés constante, la ansiedad y el miedo pueden provocar problemas de salud mental y física, que a su vez afectan su desempeño profesional. Además, el costo emocional y económico de vivir bajo amenaza no es despreciable. Muchos jueces y actuarios deben invertir en su seguridad personal, lo que incluye mudanzas frecuentes, vigilancia privada y cambios drásticos en su estilo de vida para protegerse a sí mismos y a sus familias.

Por otro lado, esta situación también tiene repercusiones en las relaciones familiares. El temor a represalias no sólo afecta a los funcionarios judiciales, sino que también se extiende a sus seres queridos. Las familias de los jueces y actuarios viven bajo una constante sombra de miedo, lo que puede llevar a tensiones, aislamiento y, en algunos casos, a la ruptura de relaciones.

 

Un sistema judicial vulnerable

El estudio revela una verdad incómoda: el sistema judicial en México es vulnerable, no sólo por la falta de recursos, sino porque aquellos encargados de impartir justicia no cuentan con la protección necesaria para realizar su trabajo de manera segura. Esta vulnerabilidad no sólo afecta a los jueces y actuarios, sino que también debilita todo el sistema judicial. Un sistema judicial debilitado es un sistema que no puede garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, lo que a su vez perpetúa la impunidad y la injusticia en el país.

La situación es alarmante, pero no irreversible. El estudio proporciona varias recomendaciones que, de implementarse, podrían mejorar significativamente la seguridad del personal judicial. Entre ellas se incluye la creación de registros detallados de agresiones, la implementación de protocolos de seguridad proactivos y la colaboración interinstitucional para desarrollar políticas de protección más efectivas. Además, es crucial que estas medidas se diseñen con una perspectiva de género para abordar las formas específicas de violencia que enfrentan las mujeres en el sistema judicial.

También es vital que el Poder Judicial reconozca la magnitud del problema y actúe en consecuencia. La negación o minimización de las agresiones sólo perpetúa un ciclo de violencia e impunidad que pone en peligro a aquellos encargados de impartir justicia. Invertir en la seguridad del personal judicial no es sólo una cuestión de proteger a individuos; es una inversión en la salud y la integridad del sistema judicial en su conjunto.

Además, se hace imperativo que las fiscalías y secretarías de seguridad refuercen sus compromisos con la protección del personal judicial, no sólo mediante la asignación de escoltas o vehículos blindados, sino también mediante el desarrollo de estrategias preventivas que identifiquen y mitiguen los riesgos antes de que se materialicen en ataques. Los congresos estatales y el federal también deben jugar un papel activo, aprobando presupuestos que permitan a los poderes judiciales implementar y mantener medidas de seguridad eficaces.

 

Reflexión final

Impartir justicia nunca debería ser una actividad peligrosa. Sin embargo, en México, la realidad es que muchos de los encargados de hacer cumplir la ley enfrentan amenazas y agresiones diariamente. Este ambiente hostil no sólo pone en riesgo sus vidas, sino que también debilita la independencia judicial y, por ende, la confianza en todo el sistema legal. Es hora de que el Estado, las instituciones de seguridad y la sociedad civil trabajen juntos para garantizar que quienes imparten justicia en México lo puedan hacer en un entorno seguro y protegido. Sólo así podremos aspirar a un sistema judicial verdaderamente independiente y justo para todos.

Ante lo revelado por el estudio que hoy comento, no me queda más por hoy, que reconocer la valiente e importante labor que realizan todas y todos quienes forman parte del personal judicial en este país, y como abogado en ejercicio, expresarles desde estas líneas mi más alta consideración y respeto. 

Si te interesa conocer el texto completo del estudio, visita las redes oficiales de México Evalúa y accede a esa y otra información relevante. Nos leemos en la próxima edición. Mientras tanto, me puedes encontrar en X, antes conocido como Twitter, en @enrique_pons.