AP.– Las policías comunitarias en México se han vuelto en blanco de ataques cada vez más frecuentes por parte de los cárteles del narcotráfico, de acuerdo con autoridades.

Adrián López, fiscal de Michoacán, confirmó que hombres armados vinculados con cárteles del narcotráfico asesinaron a balazos a siete integrantes de una fuerza policial comunitaria en la localidad de Coahuayana durante el fin de semana pasado.

El atentado se produjo apenas días después de que siete miembros de una policía comunitaria indígena fueron secuestrados, aparentemente por integrantes de un cártel, y los hicieran pasar “un infierno” en otro poblado del estado antes de ser liberados.

Debido a las guerras territoriales entre grupos del narcotráfico que han dejado a muchas localidades de la zona rural del país convertidas en pueblos fantasma, se ha recurrido a las “policías comunitarias”, compuestas por residentes que en su mayoría carecen de formación, pero que se ofrecen como voluntarios o reciben un pequeño salario para proteger a la población.

Las policías comunitarias, una práctica más común en localidades indígenas, las cuales tienen siglos de experiencia en la organización y defensa de sus comunidades, cuentan con más confianza de la población en comparación con los llamados “grupos de autodefensa” que surgieron en el estado de Michoacán entre 2013 y 2014 para combatir a los cárteles, pero que al poco tiempo se vieron infiltrados por el crimen organizado.

Si bien gozan de la confianza de los demás residentes, los guardias comunitarios no cuentan con el arsenal para hacer frente a los cárteles que quieren despojarlos de sus tierras.

López dijo que el ataque del domingo pasado en Coahuayana estuvo relacionado con disputas entre grupos del narcotráfico que buscan el control de la zona costera, una importante vía para el trasiego de cargamentos de cocaína desde el mar.

"Todo pasa por la determinación de quienes están integrados a los grupos criminales para posicionarse en el territorio y realizar actividades ilícitas, principalmente el trasiego de droga”, declaró.

Coahuayana, que se ubica en la costa del Pacífico cerca de los límites con el estado de Colima, es una localidad particularmente atractiva para los cárteles; las lanchas rápidas que transportan cocaína desde Sudamérica tienen una ruta directa hacia la comunidad, pero a menudo dejan en altamar fardos de la droga con dispositivos de localización para que sean ubicados y llevados a tierra.

“La zona de la costa de Michoacán y Colima ha sido propicia para recuperar paquetes de droga que proceden de Sudamérica”, indicó López.

Aunque nadie en Coahuayana se atreve a decir qué cártel fue el responsable de los asesinatos, las sospechas de inmediato se centran en el Cártel Jalisco Nueva Generación, el cual ha estado activo en la zona desde hace tiempo.

Esta organización también es sospechosa del secuestro de los siete policías comunitarios –seis hombres y una mujer– que fueron tomados cautivos hace más de una semana y dejados en libertad después en Tangamandapio, un poblado indígena purépecha del estado de Michoacán.

Estos guardias tradicionales son conocidos como "kuárichas" en purépecha. En los poblados indígenas, este tipo de fuerzas cuentan con estatus legal para hacerse cargo de delitos menores.

Tras el secuestro se lanzó una enorme operación de búsqueda en la que participaron helicópteros y miembros de la policía estatal y el ejército.

Nadie dijo quién los secuestró o qué fue lo que les hicieron, pero las sospechas volvieron a caer sobre el CJNG, el cual está afincado en el estado vecino del mismo nombre.

Tras su liberación, uno de los guardias, Brayan Javier, dijo que “la verdad fue un infierno estar allá. Por muchas cosas que pasaban”.

Otro de los guardias rescatados, Luis Reyes, dijo que su liberación fue gracias a la unión y la fuerza de la comunidad purépecha, que colaboró en las labores de búsqueda.

"Gracias a todo el pueblo, a toda la gente purépecha, gente indígena, que estamos fuertes. Y a todo el personal de la corporación que también nos apoyó", declaró.

Si bien Reyes y otros residentes siguen convencidos de que la resistencia indígena y sus vínculos con la comunidad son suficientes para repeler a los cárteles, eso no está del todo claro.

En los últimos meses, en el estado de Chiapas, en la frontera con Guatemala y una de las zonas de mayor densidad indígena del país, la región ha quedado en buena parte bajo el control de grupos delictivos rivales, obligando a muchos de los residentes de la entidad a darse por vencidos y huir hacia Guatemala.