Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, activistas, ciudadanos y organizaciones civiles marcharon este domingo en contra de la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador a lo largo de varios estados en el país.
En la Ciudad de México, la movilización partió del Monumento a la Revolución al Zócalo, con consignas como “Yo si trabajo no hago mañaneras”, “Justicia sí, dictadura no”, “Sin color, ni partido, la justicia se ha impartido" y "Si el pueblo se informa no pasa la reforma".
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Las manifestaciones contra la iniciativa se replicaron en ciudades de Puebla, Jalisco, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Chihuahua, San Luis Potosí, Baja California, Guanajuato, Morelos, entre otras.
En Veracruz, cientos de ciudadanos, colectivos, abogados, magistrados, jueces y trabajadores del Poder Judicial salieron a las calles para oponerse a la reforma a ese poder.
De manera pacífica y con playeras blancas, los opositores a la reforma al Poder Judicial de la Federación marcharon por las principales calles de cinco de los municipios más grandes del estado: Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Orizaba y Córdoba.
En la conurbación de Veracruz y Boca del Río, más de mil personas se plantaron, hoy domingo en las puertas del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Boca del Rio, Veracruz.
El magistrado Víctor Hugo Mendoza Sánchez, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, exigió a los legisladores parar la reforma toda vez que propiciará la corrupción, que el voto se manipule y el uso indebido de recursos para influir en los resultados. "Es un grave peligro que se apruebe la iniciativa que propone la elección por voto popular de jueces y magistrados federales", dijo.
Su homólogo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, Salvador Castillo Garrido, consideró que debe informarse a los mexicanos que los candidatos a jueces y magistrados serán preseleccionados por órganos de gobierno y no directamente por los ciudadanos y que los integrantes del Poder Judicial buscan ser escuchados para lograr una reforma justa e integral que atienda las verdaderas causas de la inseguridad y la desigualdad.
En su intervención, el abogado José Alberto Priego Miranda, presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, advirtió que la propuesta amenaza con desmantelar el sistema democrático mexicano y debilita la división de poderes.
Aseguró que la justicia debe estar en manos de los más preparados y que no puede ser objeto de negociaciones políticas, ni de intereses ajenos a su misión fundamental de garantizar la equidad, la libertad y el respeto de los derechos humanos. "Está en juego no sólo el aspecto técnico de la ley, sino el futuro de nuestras instituciones y en última instancia de nuestro país", dijo.
Los juristas Yonaji Nuria Juárez Rivas y Julio Alberto Romero Lagunes señalaron que la propuesta violenta los derechos de los trabajadores al eliminar la carrera judicial y sustituirla por la elección popular de jueces y magistrados.
En la Ciudad de México, la marcha fue convocada a la 1:30 de la tarde y se dirigió al Zócalo para expresar su rechazo a la reforma que pretende votar en la Cámara de Diputados la primera semana de septiembre, una vez que comience la nueva legislatura.
Al término de la movilización, enfrente de la Suprema Corte de Justicia, no se reportaron incidentes.
La semana pasada, el 19 de agosto, trabajadores del Poder Judicial de la Federación comenzaron un paro de labores, como protesta para impedir que avance la intención de que los cargos de jueces y ministros sean elegidos a través del voto popular
Dos días después, la Asociación de Jueces y Magistrados Federales (Jufed) se sumó al paro actividades.
Además, la organización la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio entrada a la petición de la Jufed de activar el artículo 41 de dicho ente, mecanismo que consiste en que el Estado presente —de manera confidencial— el proyecto de ley, política pública o cualquier acto que podría afectar regresivamente los derechos humanos, y este deberá ser mitigado o adecuado a estándares interamericanos.
También la jueza Juana Fuente, presidenta de la Jufed, denunció ante la CIDH que el gobierno federal amenazó con implementar “consecuencias penales a los que se enfrentarían los juzgadores federales por defender la división de poderes”.
Con información de Fidel Pérez / Especial para Latinus