AEl día de ayer hubo dos hechos que llevaron a bautizarlo como un viernes negro: la mayoría calificada que el Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó a Morena y aliados en la Cámara de Diputados, con lo que podrán modificar la Constitución sin consultar a nadie, y la aprobación del dictamen que extingue algunos organismos autónomos.

La ruta se trazó desde que la oposición en el Congreso rechazó la reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en abril de 2022, que buscaba cambiar la Constitución para eliminar los legisladores plurinominales, centralizar los procesos electorales y menguar la estructura y atribuciones del INE, entre otros cambios.

Desde entonces, el mandatario definió el Plan B, a sabiendas de que su iniciativa sería bloqueada por la oposición, lo que ocurrió en diciembre de 2022.

El Plan B consistió en volver a presentar una reforma electoral, pero esta vez dirigida sólo a leyes secundarias para que pudiera ser aprobada con la mayoría simple de Morena y aliados, como efectivamente sucedió en febrero de 2023.

Sin embargo, la reforma fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le dio marcha atrás por violaciones al proceso legislativo, en referencia a que fue aprobada en fast track, sin mayor análisis.

Fue cuando surgió el Plan C por parte de López Obrador, que consistía en lograr el “carro completo” en la elección de este año, precisamente para poder modificar la Constitución, y a partir de ese momento se encargó de promoverlo.

En enero de 2024 vendría el detonante que llevó a López Obrador a tomar una nueva determinación que redondeaba su Plan C: la anulación por parte de la SCJN de la denominada “ley Bartlett”.

Tras expresar su malestar día tras día en su conferencia matutina, el 5 de febrero, el mandatario López Obrador fue más allá: presentó un paquete de reformas constitucionales que trazan la ruta de la llamada Cuarta Transformación e intensificó la promoción del Plan C y el proselitismo electoral en favor de Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum triunfó el 5 de junio, estaba a la vista que Morena y aliados tendrían la mayoría calificada, como expuso Luisa María Alcalde en la conferencia matutina, con gráficas incluidas, y el presidente definió que no había necesidad de esperar y se podía empezar a trabajar.

Así, dispuso que las reformas constitucionales debían empezar a tramitarse en esta legislatura en comisiones, donde sólo se necesita mayoría simple para aprobar los dictámenes, de tal modo que al asumir la nueva legislatura, estén listos para aprobarlos en el pleno.

Ayer, Morena y aliados aprobaron en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el dictamen que extingue al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

También, a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), así como al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

Casi al mismo tiempo, el INE aprobó la asignación de legisladores plurinominales: otorgó mayoría calificada a Morena y aliados en la cámara de Diputados, mientras que en el Senado quedaron a tres escaños de obtenerla.

El primer viernes negro fue el 28 de abril del año pasado, cuando la mayoría de Morena y aliados aprobaron 11 iniciativas en fast track, que incluían la extinción del Conacyt para dar paso al Conhacyt, la desaparición del Insabi, la creación del IMSS-Bienestar y la extinción de Financiera Rural.

Las reformas fueron impugnadas ante la Suprema Corte, y aunque ya se perfila que también les dará marcha atrás por haber sido aprobadas sin mayor análisis, aún no ha sido sometida al pleno, mientras se encamina una reforma judicial que tiene a los trabajadores, jueces y magistrados en paro.

Desde ayer, viernes negro y Plan C son tendencia en X.