Funcionarios federales y legisladores de la llamada 4T detectaron 17 “mitos” que han provocado protestas laborales en el país y el rechazo de la oposición a la iniciativa presidencial sobre la reforma judicial.

Por ello, el fin de semana, diputados de Morena, PVEM y aliados recibieron por WhatsApp una tarjeta informativa de 19 páginas que defiende, en la mayoría de sus puntos, el voto popular para elegir ministros, jueces y magistrados.

Ante el señalamiento de un golpe de Estado, el documento establece que el Poder Judicial “no se desmantela, se transforma para beneficio del pueblo, no se le resta autonomía, sino que se fortalece, democratiza y se hace más accesible”.

“No estamos ante un golpe de Estado, estamos ante la transformación del Poder Judicial para beneficio del pueblo de México”, indica el cuestionamiento definido como "mito" por la 4T.

Otro “mito”, es que “la reforma al Poder Judicial contribuirá a que existan "jueces y juezas carnales": “Realidad: los aspirantes podrán participar en foros, debates, no se permitirá ningún financiamiento, ni público, ni privado, ni injerencia de los partidos políticos, además de que los servidores públicos tienen prohibido manifestarse a favor o en contra de algún candidato”, apunta.

La 4T rechazó el “mito” del desmantelamiento del Poder Judicial con la reforma presidencial, porque contraviene el principio de independencia judicial, la inamovilidad judicial y la permanencia en la carrera judicial.

“Las magistradas y magistrados de Circuito, así como las juezas y jueces de Distrito, tendrán un periodo de nueve años en el cargo, con posibilidad de reelección”, resalta.

El documento indica que “esto asegura que quienes han demostrado su compromiso y capacidad puedan continuar sirviendo a la nación, fortaleciendo el servicio profesional de carrera y garantizando la estabilidad y profesionalismo dentro del Poder Judicial”.

En cuanto al “mito” de que la reforma judicial “es una simulación, no hay disposición de escuchar, discutir y construir una reforma viable por parte de Morena”, como lo han señalado los trabajadores, dijo que en “realidad, la elaboración del proyecto de dictamen de la reforma al Poder Judicial se han incorporado los argumentos de más de 66 personas”.

“Este extenso proceso participativo resultó en más de 100 modificaciones que han sido integradas en el proyecto de dictamen, porque la Cuarta Transformación escucha al pueblo y obedece su mandato”, asegura.

Ante el “mito de que el pueblo no está capacitado para elegir”, establece como una realidad que “el crecimiento, alcance y apropiación del valor cívico de las y los ciudadanos se ha incrementado sustancialmente y con ello el conocimiento para tomar mejores decisiones”.

Para responder a las afirmaciones de que “la corrupción en el Poder Judicial no se solucionará eligiendo a sus autoridades mediante el voto popular”, se dio como una realidad que la elección popular es el primer paso para combatir este delito.

“La elección de las autoridades judiciales mediante voto universal, directo y secreto de la ciudadanía será un primer paso fundamental para combatir la corrupción, al evitar que estas actúen en beneficio de intereses ajenos a los del pueblo”, considera.

En cuanto a la reducción de 11 a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) en la elección el primer domingo de junio, hay un “mito” que advierte sobre su “cabal funcionamiento”, se argumenta que habrá austeridad.

“La reducción en el número de ministras y ministros no compromete la calidad ni la eficacia de las decisiones judiciales. Esta medida está en línea con el principio de austeridad republicana, generando un importante ahorro de recursos públicos al reducir gastos operativos”, apunta.

Ante el “mito” de que la reforma judicial es una propuesta populista, como lo ha mencionado la oposición, la 4T considera que es una propuesta necesaria y democrática que tiene como objeto combatir la corrupción, impunidad, ineficiencia e ineficacia en la impartición de la justicia.

“Este problema, que se ha agudizado en las últimas dos décadas, ha ocasionado un profundo distanciamiento entre la sociedad mexicana y las autoridades judiciales, lo que ha derivado en la falta de credibilidad en la actuación del Poder Judicial y la pérdida de legitimidad de sus decisiones”, se lee.

Un cuestionamiento más, definido como "mito” por la 4T, es que la reforma al Poder Judicial dejará inoperante a las judicaturas, afectando la certeza jurídica de millones de mexicanos.

“En realidad, de acuerdo con los artículos segundo, tercero, cuarto y quinto transitorio del proyecto de decreto del dictamen propuesto, la transformación del Poder Judicial será un proceso gradual y ordenado que comenzará en 2025 y se completará en 2039”, subraya.