La Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) acusó que hasta el momento no ha sido convocada para participar en los foros de la reforma judicial organizados por el Congreso de la Unión, a pesar de que enviaron solicitudes para poder participar.
Al no poder formar parte del diálogo, la asociación emitió un comunicado para difundir su postura respecto a las propuestas que plantea la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para la ANADE, los problemas que la reforma busca atender se refieren a cuestiones que no tienen un origen jurisdiccional, o corresponden a dificultades más comunes y visibles en las fiscalías o en el sistema de justicia local.
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“Los jueces federales no investigan ni persiguen hechos delictivos; resuelven controversias jurídicas con base en lo probado y alegado en expedientes judiciales”, precisó.
De acuerdo a su experiencia, la asociación indicó que la “corrupción es un problema especialmente en sistemas de justicia local”, y sus órganos son los que resuelven la mayoría de los procesos que afectan a los ciudadanos, especialmente los familiares y penales.
“La iniciativa de reforma en sus términos no atiende el problema que existe en la impartición de justicia en nuestro país. Por el contrario, genera condiciones que podrían afectar irremediablemente la independencia del Poder Judicial de la Federación, lo que en última instancia dañará por partida doble al ciudadano”, indicó.
La ANADE argumentó que es necesario evaluar la posibilidad de adecuar la reforma para centrarla en la justicia local y eventualmente hacia la federal, con el objetivo de fortalecerla, y esto se logra “con garantías de autonomía presupuestal, transparencia, carrera judicial y rendición de cuentas”.
También la ANADE refirió que entre los aspectos de la reforma que podrían vulnerar los valores del Estado mexicano está la facultad de sanción por parte del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), y “para evitar abusos y violaciones a derechos humanos se deben de precisar puntualmente los supuestos que justifiquen sanciones”.
Además, está la eliminación del haber del retiro para ministros en funciones, lo cual puede desconocer sus derechos adquiridos y constituir una violación a sus derechos, por lo que propone que esta norma se aplique sólo en los nuevos nombramientos.