Por Julio Astorga

Un consorcio empresarial que ha recibido 820 millones de pesos del DIF Nuevo León en la administración de Samuel García, contrató los servicios del despacho propiedad del gobernador y de su papá Samuel García Mascorro.

Después de que el gobierno de Nuevo León le entregara los millonarios contratos a Comercializadora Don Cacahuato, que es parte de Grupo Cimarrón, este consorcio utilizó una filial llamada Distribuidora Damago para pagarle 4.6 millones de pesos por diversos servicios a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, el despacho del mandatario.

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Este intercambio es parte de un modo de operación en el que participan empresas privadas del gobernador y exempleados convertidos en funcionarios que entregan recursos públicos.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn y notas periodísticas, Miguel Ángel Sánchez Rivera, el primer director del DIF Nuevo León en la administración de Samuel García y que desde esa posición hizo 14 pagos a Comercializadora Don Cacahuato, trabajó en la firma del gobernador entre 2015 y 2016.

En mayo, Latinus publicó cómo otro exempleado del despacho de Samuel García se convirtió en funcionario de Nuevo León y entregó contratos por 175 millones de pesos a una consultora privada para que resolviera litigios fiscales del gobierno estatal.

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