AP.- Dos elementos de la Guardia Nacional fueron detenidos por su presunta relación con la muerte de una niña que fue víctima de un tiroteo cuando estaba dentro de un vehículo en San Luis Potosí, informaron el domingo autoridades estatales.
El deceso de la niña de nueve años ocurrió la madrugada del sábado en una carretera federal, a la altura de la comunidad de San Lorenzo, en el municipio de Villa Hidalgo, en San Luis Potosí.
De acuerdo con las primeras investigaciones, la menor se trasladaba con otras personas en un vehículo que fue tiroteado en medio de una carretera por miembros de la Guardia Nacional, indicó a The Associated Press la fiscalía de San Luis Potosí. En el evento también resultó lesionado otro menor por disparos de arma de fuego.
Tras el incidente, dos elementos de la Guardia Nacional se presentaron voluntariamente ante las autoridades y quedaron detenidos, precisó la fiscalía estatal.
Las investigaciones del caso fueron asumidas por la Fiscalía General de la República, que se encargará de determinar cómo se dio el tiroteo y las responsabilidades por la muerte de la niña y las heridas que sufrió el menor.
Medios locales informaron que una familia se movilizaba en un vehículo por el municipio de Villa Hidalgo alrededor de las 3:00 de la mañana, cuando fueron interceptados por miembros de la Guardia Nacional, quienes les hicieron señas de que se detuvieran y poco después abrieron fuego contra la unidad.
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La Guardia Nacional hasta el momento no se ha pronunciado sobre el caso.
El 9 de junio, cuatro mujeres y dos menores fueron asesinados en una vivienda de León, Guanajuato, hecho en el que resultaron involucrados cinco elementos de la Guardia Nacional y dos civiles. Hace un mes, un juez les dictó prisión preventiva a los uniformados por los delitos de desobediencia e infracción de deberes comunes.
Estos casos se dan en medio de la polémica que ha desatado un proyecto de reforma constitucional impulsado por el mandatario Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional, un cuerpo que creó en el 2019 para combatir la creciente violencia en el país, salga del control de la Secretaría de Seguridad y pase a ser manejada por el Ejército.
La futura presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su pleno respaldo a la reforma.
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Activistas y organizaciones humanitarias han objetado la iniciativa legislativa, que será discutida en octubre por el nuevo Congreso, de mayoría oficialista, alegando que profundizará la militarización de la seguridad pública que desde hace décadas descansa sobre los hombros de las Fuerzas Armadas mexicanas, que han acumulado numerosas acusaciones de violaciones de derechos humanos.