Para materializar una reforma al Poder Judicial como la propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador resulta indispensable mejorar las fiscalías y las agencias del Ministerio Público, aseguró Magdalena Victoria Oliva, jueza del Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México.
Durante la cuarta emisión del programa “La Reforma Judicial a Debate”, que transmite Justicia TV, la jueza afirmó que “no es posible tratar de cambiar todo el entorno de justicia, si no se atienden las deficiencias en ambas instituciones, que son elementos clave para un sistema judicial eficiente.
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Además, enfatizó la necesidad de un diagnóstico exhaustivo antes de llevar a cabo cualquier reforma judicial.
También consideró que la reforma se trata de un embate a las y los ministros, magistrados y jueces, aun cuando el Poder Judicial de la Federación es un poder del Estado que brinda equilibrio.
Para el abogado constitucionalista Francisco Burgoa la propuesta de reforma parece hecha desde el resentimiento, más que para mejorar el sistema judicial.
“No estoy de acuerdo con la reforma porque tiene justamente un contexto político y destruye la carrera judicial; no tiene viabilidad técnica ni jurídica, porque está pensada desde la venganza”, concluyó.
Coincidió con la jueza Oliva, en que “si realmente se quiere fortalecer la justicia se necesita una reforma integral que pase por las fiscalías y otras instancias de procuración de justicia”.
Precisó que la labor de los jueces es de gran importancia para la sociedad y que si en muchas ocasiones no se conocen sus rostros, es precisamente porque no son políticos que busquen popularidad.
“Su función es técnica y en defensa de la Constitución; no buscan agradar a cierta población y menos a un partido político”, apuntó Burgoa.
Ayer, en el marco del Día del Abogado, magistrados y jueces federales, además de trabajadores del Poder Judicial, se manifestaron afuera de la sede del Poder Judicial de la Federación, en San Lázaro, para protestar contra a la reforma judicial del presidente López Obrador, que se tiene previsto sea aprobada en septiembre próximo.
Adelantaron que preparan una estrategia legal, apoyada en organismos internacionales, para frenar la reforma judicial, así como la sobrerrepresentación legislativa de Morena y partidos aliados.