La organización Causa en Común rechazó que el proceso electoral de este año haya sido ordenado y pacífico, como asegura el gobierno, y señaló que desde junio del 2023 al 2 de junio registraron “67 actores políticos asesinados en 18 entidades, incluyendo 36 aspirantes o candidatos, y tres candidatos ganadores”.

“No es verdad que las elecciones del pasado 2 de junio fueron ordenadas y pacíficas; no lo fueron antes de la jornada electoral, no lo fueron en varios puntos del país durante la misma, y no lo han sido después. Por lo tanto, tampoco es cierto que las medidas de protección para aspirantes y candidatos fueran efectivas”, señaló la organización en un comunicado.

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La organización explicó que desde junio de 2023 inició un monitoreo puntual del asesinato de actores políticos y hasta el día de la elección, “se contabilizaron 36 aspirantes o candidatos asesinados, cifra superior a los 30 asesinatos registrados en la elección de 2021 y a los 24 cometidos durante el proceso electoral de 2018”.

De entre los aspirantes o candidatos, agregó, “el 31% contendía por Morena (más el 8% por el Partido Verde y el 6% por el PT); el 42% lo hacía por la coalición opositora (8 por el PRI, 6 por el PAN y uno por el PRD); el 8% corresponde a Movimiento Ciudadano, y el resto de los asesinatos corresponde a partidos locales. El 92% de los aspirantes o candidatos asesinados pertenecían al ámbito municipal”.

Causa en Común agregó que los días siguientes a la elección “fueron asesinados seis actores políticos, incluyendo tres candidatos ganadores de sus respectivas contiendas, dos de ellos para la presidencia de sus municipios”.

Agregó que en total, considerando a funcionarios públicos, dirigentes y colaboradores partidistas, se contabilizaron 67 actores políticos asesinados en 18 entidades del país. Los estados con mayor número de asesinatos fueron Guerrero (15), Chiapas (11) y Michoacán (7).

“Queda claro que la violencia en contra de actores políticos no se limita a los periodos electorales, sino que forma parte de la realidad cotidiana de numerosas comunidades del país”, señala el documento.

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“Como muchas otras atrocidades, este fenómeno es consecuencia de una criminalidad desbordada y de la impunidad con la que actúa. Por ello, Causa en Común insiste en la urgencia de reconocer la ineficacia de la militarización en materia de seguridad pública, y de poner en marcha programas de fortalecimiento institucional de policías y fiscalías”, concluyeron.

El pasado 25 de junio, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, hizo un recuento de los candidatos y políticos asesinados en anteriores comicios debido al “interés de grupos opositores que han generado la idea equivocada de que México vivió el proceso electoral más violento de la historia reciente, lo cual no es cierto”.

La funcionaria argumentó que “oficialmente” sólo se registraron 12 homicidios de candidatos debidamente registrados de un total de 70 mil aspirantes, y que los asesinatos se centraron en procesos electorales locales, y que en comisiones anteriores “los actos de violencia contra quienes contendían por puestos locales no eran mediatizados”.

Agregó durante la conferencia matutina de ese día del presidente Andrés Manuel López Obrador, que “en este año el proceso fue muy vigilado por las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, y se atendieron todas las solicitudes de seguridad de los candidatos”.

Precisó que 121 candidatos aún cuentan con seguridad y enfatizó en que no hubo homicidios de contendientes a puestos de elección federal ni a gubernaturas “como sí ocurrió en otras administraciones”.