Los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno del país enviaron un posicionamiento, en calidad de Amicus Curiae, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Norma Lucía Piña, en el que piden que no se elimine la prisión preventiva oficiosa en el país.
En el documento, compartido por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, los políticos defendieron el uso de esta medida, pues aseguraron que permite garantizar la conducción de un proceso penal, proteger a las víctimas y procurar que el responsable no quede impune.
Te puede interesar: Gobernadores de Morena piden a la SCJN mantener la prisión preventiva oficiosa: “Responde a una política contra el crimen”
“Hacemos un llamado respetuoso para que la Suprema Corte considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país, y con ello en la de las entidades federativas”, se lee en el desplegado.
El posicionamiento de los gobernadores fue enviado en el marco de un próximo análisis que se espera realice la Suprema Corte tras la sentencia de la Corte IDH que ordena a México reformar las leyes para limitar la prisión preventiva oficiosa.
En mayo del año pasado, la SCJN anunció que definiría cómo participará el Poder Judicial en la ejecución de la sentencia de la CorteIDH; inició el expediente 3/2023, turnado al ministro Jorge Pardo Rebolledo, para acatar la orden por el caso “García Rodríguez y otro vs. México”.
En el documento, los gobernadores afirmaron que aunque las sentencias de la CorteIDH son vinculantes, estas no deben "transgredir el contenido de nuestra Constitución”.
No te pierdas: La SCJN analizará cómo aplicar la sentencia de la Corte Interamericana para limitar la prisión preventiva oficiosa
“Nos pronunciamos en calidad de Amicus Curiae, con absoluto respeto a la figura que representa la SCJN, a efecto de que se considere también el principio de supremacía internacional, atendiendo siempre a los derechos de las víctimas del delito”, agregaron.
Además, afirmaron que de darle “preferencia a una norma de carácter internacional sobre el derecho interno” esto representaría que un tribunal fuera del país podría invalidar una norma constitucional.