La secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, reveló que el viernes pasado el gabinete de seguridad envió una carta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que advirtió que invalidar la prisión preventiva oficiosa, que se encuentra contemplada en el artículo 19 de la Constitución, implica la liberación de 68 mil presuntos delincuentes.
Sigue leyendo: Gobernadores de Morena piden a la SCJN mantener la prisión preventiva oficiosa: “Responde a una política contra el crimen”
"Hacemos un llamado a la Corte a respetar la Constitución, respetar la división de Poderes, no excederse en sus facultades, considerar las graves consecuencias que eliminar la prisión preventiva oficiosa tendría para la seguridad nacional en las circunstancias actuales".
"Y que valoren atacar mejor uno de los problemas de fondo, que es la enorme tardanza de las resoluciones de sus asuntos, que hemos denunciado en este espacio en múltiples ocasiones", señaló durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La funcionaria federal estimó que entre los presuntos criminales que podrían ser liberados se encuentran 11 mil 604 acusados de homicidio; 7 mil 150 de secuestro; 5 mil 617 de violación, 4 mil de narcotráfico; 3 mil 800 de portación de armas y explosivos; mil 405 de feminicidio, mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada.
Recomendamos: La SCJN analizará cómo aplicar la sentencia de la Corte Interamericana para limitar la prisión preventiva oficiosa
Indicó que el Estado de México destaca entre las principales entidades afectadas si el máximo tribunal toma esta decisión, pues 21 mil 718 personas se encuentran en prisión preventiva oficiosa, cifra que atribuyó a "la enorme tardanza de los propios jueces y de la cantidad de recursos y amparos que hacen que todos estos procesos duren mucho tiempo en resolverse".
La Suprema Corte definirá cómo participará el Poder Judicial en la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que limita la prisión preventiva oficiosa y elimina el arraigo preprocesal.
De acuerdo con la lista de notificaciones, la Suprema Corte inició el expediente 3/2023, turnado al ministro Jorge Pardo Rebolledo, para acatar la sentencia por el caso “García Rodríguez y otro vs. México”, emitida por la CIDH el pasado 25 de enero.