Por Karina Garza/ Corresponsal
Nuevo León.- El Congreso estatal comenzó este miércoles el juicio político contra el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, y a su entonces interino, Manuel González.
La reactivación del proceso por las llamadas “broncofirmas” en el proceso electoral del 2018 se da tras una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
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Diputados del PRI y PAN de la Comisión Jurisdiccional aprobaron por mayoría llamarlo a comparecer por desviar de sus funciones a 572 servidores públicos en horario laboral para recolectar firmar para que “El Bronco” lograra su registro y contendiera por la presidencia de México.
“Se inicia el procedimiento de juicio político (...) por no tomar las medidas óptimas, eficaces y adecuadas para evitar el despliegue del uso del servicio público para captar apoyos en favor del candidato independiente a la presidencia de la República” se leyó en la sesión.
Se resolvió citarlos de manera individual a comparecer aproximadamente en un mes. Sin embargo, cono no se conoce el domicilio del exgobernador, el citatorio tendrá que publicarse tres veces en edictos en el Periódico Oficial del Estado.
“La notificación hecha mediante edictos surtirá sus efectos a los 10 días contados desde el día siguiente al de la última publicación”, indica el acuerdo.
“Por lo que se cita para al quinto día hábil siguiente después de cumplido el plazo señalado en el párrafo anterior a las 15:30 horas en las instalaciones del H. Congreso del Estado de Nuevo León”, agrega.
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Legisladores de MC votaron en contra del acuerdo señalando que el procedimiento está generando nuevos vicios que le permitirán ampararse al exgobernador.
“Quieren proteger al gran corruptor de Nuevo León que es Jaime Rodríguez Calderón (..) corrompió a más de 500 servidores públicos, abusó de su poder y solicitó que a expensas de que pudieran caer en irregularidades, fueran a recabar información para su propio beneficio en una campaña política electoral de la que ya sabemos en resultado”, dijo la legisladora emecista Sandra Pámanes.
Hace casi cuatro años, en junio del 2020, en la Legislatura anterior, no prosperó un dictamen que originalmente proponía destituirlo del cargo y quedó como una propuesta para que ambos funcionarios fueran sancionados con una multa por 317 mil pesos y una amonestación pública.
“Hoy iniciamos el camino que propusimos en el 2019, hacerle juicio político a Jaime Rodríguez, porque esa es la manera como lo podemos sancionar y en el juicio político no solamente viene la separación del cargo, pudiera ser la inhabilitación (...) no fue en su momento esa ruta porque Samuel pidió que así fuera”, señaló el diputado Carlos de la Fuente.