Este sábado, elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) de Campeche tomaron la sede de la dependencia en protesta, luego de que algunos de sus compañeros resultaron heridos durante el intento de motín ocurrido ayer en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Francisco Kobén.
Los inconformes pidieron castigo para los encargados del operativo en el penal de San Francisco Kobén para el traslado de ocho personas privadas de la libertad a otros penales, lo que habría causado el intento de motín.
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Asimismo, exigieron la destitución de la titular de Seguridad estatal, Marcela Muñoz Martínez —a quien acusan de no garantizarles condiciones labores adecuadas ante la falta de equipo para realizar sus trabajos—, así como la del director de la Policía estatal, Antonio Saradan Solís, quien también fue el encargado del operativo.
“Hubo compañeras que se quedaron encerradas con los reos, hay quienes sufrieron de abuso sexual, porque las atoraron, las amenazaron de que la iban a violar. No se llegó a eso porque llegaron nuestros compañeros a rescatarlas a tiempo. Esa situación que prevé la maestra Marcela sobre los derechos de las mujeres no se respetó en ningún momento”, dijo un policía a medios de comunicación.
Ante la protesta de los policías, el secretario de Gobierno de Campeche, Armando Constantino Toledo Jamit, así como Marcela Muñoz, acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes y dar una solución a las demandas.
“Hay mucha intimidación, hay mucho el protocolo '¿por qué tiene que proteger los policías ignorantes?', Aquí a la gran mayoría tiene cursos, tienen estudios y conocemos nuestros derechos. Y ese señor (Antonio Saradan) vulnera mucho los derechos de los compañeros, así que no queremos a Saradan y usted tiene poder para destituirlo”, dijo un manifestante a Constantino Toledo.
La madrugada del viernes se registró un intento de motín en el Cereso de San Francisco Kobén, en Campeche, después de que ocho personas privadas de la libertad fueran trasladadas a otros penales.
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Según reportes de medios locales, familias de las personas privadas de la libertad acudieron a las inmediaciones del penal para solicitar información sobre estos hechos.
Los familiares comentaron que el motín dejó personas heridas, aunque esto no fue confirmado por las autoridades, y aseguraron que cuentan con videos que les compartieron los internos sobre el incidente.
Además, las familias acusaron que los internos presuntamente son víctimas de extorsión por parte de la directora interina del penal y que previamente había un acuerdo firmado con la Comisión de Derechos Humanos para que ya no hubiera traslados de reos a otros penales.