Por Jaime Luis Brito/Corresponsal

Cuernavaca.- En agosto de 2022, la señora Romana García, madre de Omar Briseño, un morelense desaparecido desde abril de 2021, acudió al acto de colocación de la primera piedra del Centro Nacional de Identificación Humana, que se encargaría de procesar muestras genéticas de familiares de personas no localizadas para compararlas con los restos localizados en fosas clandestinas.

Ella deseaba encontrar a su hijo y albergó la esperanza de que ahí encontraría la respuesta a su demanda de hallar a Omar. Meses después acudió a que le tomaran una muestra en un centro que le pareció bien equipado y esperó noticias.

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Para su mala fortuna, el gobierno federal olvidó la promesa de terminar con la incertidumbre de los familiares de desaparecidos y ordenó el desmantelamiento del Centro, que apenas funcionó de septiembre de 2022 a noviembre de 2023 sin lograr la identificación de una sola persona.

Desde el año pasado, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas cambió de titular, se despidió al personal especializado que laboraba en el CNIH y el edificio fue quedando vacío.

Latinus hizo un recorrido por el espacio construido en Xochitepec y encontró que los equipos de laboratorio ya fueron retirados, los médicos, peritos, antropólogos forenses ya no están y apenas seis trabajadores siguen trabajando.

El gobierno dejó de responder a las familias de desaparecidos desde hace meses y hoy nadie se hace responsable del seguimiento a los casos.

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