La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no ejercerá acción penal contra cualquier involucrado por la presunta tortura a Mario Aburto Martínez, declarado culpable del asesinato de Luis Donaldo Colosio, excandidato presidencial del PRI.
En la notificación publicada este lunes del expediente 232/2022 se informa la autorización del no ejercicio de la acción penal y se da un plazo de tres días para que Aburto pueda impugnarla.
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Desde hace más de una semana, el titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México dio un plazo de tres días a la FGR para que informara si determinó definitivamente no ejercer acción penal por los actos de tortura cometidos en contra de Aburto Martínez.
El Ministerio Público reúne los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal de un caso durante la etapa de investigación, según el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El documento también establece que se puede detener la investigación cuando se encuentre extinguida la acción penal o en cualquier otra etapa del proceso.
En el expediente de este caso que comenzó en marzo de 2022, Mario Aburto reclamó a la Fiscalía de Investigación del Delito de Tortura la omisión de investigar malos tratos, penas crueles, degradantes o inhumanos cometidos en su contra, además de no supervisar que se le inscriba en el Registro Nacional del Delito de Tortura.
En noviembre de 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que Aburto fue torturado desde su detención el 23 de marzo de 1994 y hasta años posteriores.
Cabe recordar que en meses recientes, Aburto tiene otro caso abierto con el que busca obtener su libertad.
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El pasado 6 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la impugnación que interpuso la FGR contra el amparo concedido a Mario Aburto, con el que se revocaba su sentencia de 45 años de prisión por el asesinato de Colosio.
El amparo que se le había concedido le permitía salir de prisión en marzo de 2024, pero tras la impugnación, el 31 de enero de este año, el ministro Jorge Pardo Rebolledo, quien era el encargado de la ponencia, se declaró impedido de conocer el asunto.