Si pensabas que al terminar el bachillerato técnico te librabas de la obligación alimentaria de tus hijos o hijas porque "ya tienen cómo trabajar", déjame contarte que esta semana, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acaba de dejarnos una lección de derechos, igualdad y autonomía. En una resolución histórica que fue publicada este fin de semana —y polémica para algunos—, el máximo tribunal del país ha sentado jurisprudencia sobre el derecho a percibir alimentos, reafirmando que este no cesa automáticamente porque una persona haya concluido sus estudios técnicos. Al contrario, si decide continuar su preparación académica en el nivel superior, el derecho sigue vivo y coleando. Y sí, esto aplica, aunque ya sea mayor de edad. ¿Te suena injusto? ¿O te parece una medida progresista? Veamos cómo lo dijo la Corte.

¿Por qué es relevante esta decisión?

Este fallo no sólo define un criterio jurídico, sino que también toca fibras sociales y familiares. En una sociedad donde el acceso a la educación superior es clave para mejorar la calidad de vida, limitar este derecho alimentario podría truncar los planes de vida de muchos jóvenes que dependen de esta ayuda para seguir adelante. La SCJN señala que el trato diferenciado entre quienes cursaron un bachillerato técnico y quienes optaron por una modalidad general carece de justificación válida. ¿Por qué un egresado técnico debería ser obligado a trabajar de inmediato, mientras otro puede seguir su camino hacia la universidad sin perder el apoyo de su familia? Este tipo de discriminación no sólo afecta derechos fundamentales, sino que también pone en jaque el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Además, este fallo redefine cómo el sistema jurídico debe considerar la educación técnica en comparación con otras modalidades. No basta con asumir que un título técnico automáticamente garantiza independencia económica o acceso al mercado laboral. En muchas ocasiones, estos egresados enfrentan barreras significativas para encontrar trabajos bien remunerados, lo que convierte la posibilidad de continuar su educación en una necesidad más que en un lujo. La SCJN, al nivelar las condiciones entre diferentes modalidades educativas, no sólo protege derechos individuales, sino que también manda un mensaje importante: la educación es un continuo, no un punto final.

Por otro lado, el impacto de esta decisión trasciende a las familias involucradas y alcanza a la sociedad en su conjunto. Garantizar que más jóvenes puedan continuar su formación profesional sin interrupciones tiene implicaciones positivas para el desarrollo económico y social del país. Una fuerza laboral mejor educada y preparada no sólo beneficia a los propios estudiantes, sino que también fortalece la competitividad de México en un mundo globalizado. En este contexto, la resolución de la SCJN puede interpretarse como un paso hacia una sociedad más equitativa, donde las oportunidades de desarrollo no estén condicionadas por decisiones tomadas en la adolescencia o por limitaciones económicas inmediatas.

¿Qué significa el libre desarrollo de la personalidad?

Aquí entra en juego un principio constitucional que algunos consideran abstracto, pero que tiene un impacto muy concreto: el libre desarrollo de la personalidad. Este derecho garantiza que cada individuo pueda trazar su propio camino de vida, elegir sus metas y aspirar a alcanzarlas sin barreras arbitrarias. Cuando alguien decide seguir estudiando en lugar de incorporarse al mercado laboral, está ejerciendo ese derecho. Imponerle el fin de la pensión alimenticia sólo por haber terminado un bachillerato técnico sería, según la SCJN, una violación a esta garantía.

Aquí es donde el debate se pone interesante. Desde la perspectiva de algunos progenitores, la resolución puede parecer una carga excesiva. Una forma de verlo es, haber cumplido a tu hijo o hija durante la secundaria, el bachillerato y ahora enfrentarte a otros cuatro o cinco años de universidad. Y todo esto mientras tal vez tú mismo estés lidiando con deudas, una economía incierta y una jubilación que parece cada vez más lejana. Pero, como lo ve la SCJN —y con lo cual coincido—, la obligación alimentaria no es solo un tema financiero, sino un compromiso con el bienestar y el desarrollo integral de los hijos e hijas. En palabras simples, puede también tratarse de invertir en su futuro.

Impacto social de esta jurisprudencia

Más allá de las disputas individuales, este criterio tiene implicaciones importantes para la sociedad. En México, donde la tasa de deserción escolar sigue siendo alta y el acceso a la educación superior es un privilegio para pocos, garantizar el apoyo alimentario durante los estudios universitarios puede marcar una diferencia significativa. Además, esta jurisprudencia también desafía estereotipos de género. Tradicionalmente, las mujeres han sido las más afectadas por la falta de acceso a estudios superiores, en parte debido a limitaciones económicas. Este fallo puede abrir la puerta para que más mujeres opten por continuar su educación sin preocuparse por perder el apoyo alimenticio.

¿Qué podemos aprender de esta resolución?

1. La educación como derecho, no como privilegio: este criterio refuerza la idea de que la educación superior no debe ser un lujo, sino una posibilidad accesible para todos. La pensión alimenticia se convierte, así, en un vehículo para garantizar esa posibilidad.
2. Un enfoque progresista: la SCJN ha dejado claro que el derecho a los alimentos no es un concepto estático. Debe adaptarse a las realidades sociales y económicas, reconociendo que un título universitario es, hoy más que nunca, una herramienta indispensable para una vida digna.
3. El equilibrio entre derechos y obligaciones: aunque la resolución beneficia a los acreedores alimentarios, también llama a la reflexión sobre el esfuerzo que implica para los obligados alimentarios. La clave está en encontrar un equilibrio que permita a ambas partes cumplir con sus responsabilidades y aspiraciones.

Reflexiones finales

El fallo de la SCJN nos recuerda que el derecho no sólo regula conductas, sino que también moldea oportunidades. La decisión de mantener la pensión alimenticia para quienes optan por seguir estudiando después del bachillerato técnico no es solo un triunfo jurídico, sino un paso hacia una sociedad más equitativa y con mayores posibilidades de desarrollo. Como en toda resolución judicial, habrá quienes celebren este criterio y quienes lo critiquen. Pero lo innegable es que la SCJN ha dejado un mensaje claro: la educación es un derecho fundamental, y limitarla por razones económicas es incompatible con los principios de igualdad y justicia que deberían guiar a cualquier sociedad.

Así, en espera de ver el impacto que tendrá esta resolución en la sociedad, nos leemos el próximo domingo. Mientras tanto, te espero en X, como @enrique_pons.