Reuters.- Las instituciones de migración de México enfrentan un recorte presupuestario que las deja mal posicionadas para manejar las deportaciones masivas prometidas por el presidente electo Donald Trump, dijeron dos fuentes del gobierno mexicano, lo que aumenta las preocupaciones sobre cómo hará el país para afrontarlas.
Aunque aún no está claro cuántas personas podría deportar la administración de Trump, casi la mitad de los aproximadamente 11 millones de migrantes que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos a principios de 2022 eran mexicanos, según un informe del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.
"No vamos a tener mucho margen de maniobra para atender a un flujo tan grande (de migrantes) con un presupuesto tan reducido", dijo uno de los funcionarios, que habló bajo condición de anonimato y que está involucrado en la planificación inicial en torno a posibles deportaciones.
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En los últimos años, México ha recibido más de 200 mil mexicanos al año deportados de Estados Unidos, según datos oficiales, pero los planes de Trump representarían un salto significativo en ese número.
También es probable que la administración de Trump presione a México para que reciba migrantes de otros países como Venezuela, Haití y Nicaragua, a los que Estados Unidos tiene dificultades para deportar personas.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que tiene un plan para recibir a los ciudadanos mexicanos que sean deportados, pero ha dado pocos detalles sobre en qué consiste o cómo se financiará.
"Hay una parte que tiene que ver con los consulados, otra parte que tiene que ver con el trabajo que tendremos que hacer en México. Esperamos que no ocurra, pero si llega a ocurrir, estar preparados para recibirles", dijo la presidenta el jueves.
Sheinbaum heredó un déficit presupuestario de casi el 6%, el más alto desde la década de 1980, y ha prometido controlar las finanzas públicas ante la advertencia de una posible rebaja de la calificación crediticia.
Eso ha significado recortes prácticamente en todos los ámbitos del gobierno para el próximo ejercicio.
De acuerdo con el proyecto de presupuesto 2025, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibirán 1.747 millones de pesos (unos 86 millones de dólares), 10% menos que este año.
En comparación, este año el INM ya ha gastado casi 68 millones de dólares sólo en contratos con aerolíneas y compañías de autobuses para trasladar a migrantes no mexicanos lejos de la frontera con Estados Unidos, como parte de una estrategia subrepticia para contener la migración.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, que jugó un papel importante en la política migratoria durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), también enfrentará un recorte presupuestario del 8% para 2025. Y la Guardia Nacional, una fuerza policial militarizada que se ha utilizado para vigilar a los migrantes en México, verá su presupuesto reducido casi a la mitad.
La presidencia de México, el INM y la COMAR no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.
"Muy preocupante"
Cuando un mexicano es deportado de Estados Unidos, es recibido por agentes del INM antes de ser trasladado a albergues temporales o a su ciudad de origen.
Con el apoyo de empresas privadas, las autoridades mexicanas intentan encontrar trabajo para los deportados a través de diversos programas gubernamentales.
Los dos funcionarios dijeron que el gobierno de México está trabajando con la expectativa de que las deportaciones masivas tomarán algún tiempo para implementarse en Estados Unidos, lo que permitirá que México establezca un plan más detallado.
El jueves, la presidenta Sheinbaum dijo que esperaba llegar a un acuerdo con el futuro gobierno de Trump para garantizar que México no reciba deportados de terceros países en caso de deportaciones a gran escala desde Estados Unidos.
Rafael Hernández, investigador en temas migratorios del Colegio de la Frontera Norte (Colef), calificó de "muy preocupante" la reducción presupuestaria, sobre todo en lo que respecta a la Comar, que recibirá 47.8 millones de pesos (unos 2.3 millones de dólares) en 2025, 10% menos que este año.
"Es un presupuesto, a todas luces, insuficiente, frente a la creciente llegada de personas con necesidades de protección internacional", agregó Hernández. "Se deja poco espacio para una respuesta con sentido humanitaria".