El catálogo de prisión preventiva oficiosa surgió en 2008 por consenso entre el gobierno de Felipe Calderón, el PRI, e incluso legisladores de la izquierda como respuesta a la lucha que desde entonces se libraba contra el narcotráfico.

Surgió con cinco delitos que ameritan prisión automática, entre ellos delincuencia organizada, secuestro y homicidio, pero 15 años después, ya en los gobiernos de Morena, el catálogo aumentó a 22 delitos.

El uso y ampliación de esta medida cautelar en México ha sido con el argumento de evitar la llamada “puerta giratoria”, es decir, que una persona puesta a disposición de un juez por ser sospechoso de haber cometido un delito, o haber sido detenido en flagrancia, sea liberado casi de inmediato después de su audiencia inicial.

No obstante, la figura de la prisión automática ha sido cuestionada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por ello, el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde descansan dos proyectos de los ministros Luis María Aguilar y Jorge Mario Pardo Rebolledo, que propusieron declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa en nuestro país.

Pero el pasado gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no sólo defendió su aplicación sino amplió el catálogo de delitos, ejerció presión pública sobre la Corte y los ministros al estar en favor del encarcelamiento de los detenidos por delitos graves; por esa situación, dichos proyectos fueron pospuestos en su discusión hasta la fecha en el pleno de la SCJN.

Actualmente, el artículo 19 de la Constitución establece que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva oficiosa en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.

También delitos en materia de hidrocarburos ("huachicol"), delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

La mayoría de esos 19 delitos fueron incluidos en 2018, en el proceso de transición, cuando López Obrador y Morena promovieron en el Congreso una reforma al artículo 19 constitucional.

Además, la semana pasada, Morena usó su supermayoría en el Congreso de la Unión para aprobar tres nuevos delitos: extorsión, tráfico de fentanilo y la falsificación de comprobantes fiscales, con lo que —una vez que sea aprobado por la mayoría de los Congresos de los estados— sumarán 22 delitos en el catálogo de prisión automática.

Una medida emergente contra el narco

En marzo del 2007, a cuatro meses de iniciado su gobierno en la presidencia de la República, el panista Felipe Calderón presentó una iniciativa de reforma en materia de justicia penal, que si bien no propuso el catálogo de delitos para prisión oficiosa, fue enriquecida con otros proyectos que sí presentaron los entonces diputados César Camacho Quiroz del PRI, Javier González Garza del PRD, así como otros políticos que hoy están en Morena como Aleida Alavez, Layda Sansores y Valentina Batres Guadarrama, además del entonces diputado de Convergencia, Alejandro Chanona.

“En nuestro país, los niveles de impunidad y de inseguridad pública se han incrementado en los últimos años. Es claro que esta situación dificulta el desarrollo de México, ya que aleja las inversiones, da lugar a una percepción de temor generalizado en la sociedad, provoca desconfianza en las instituciones públicas y obstaculiza el desarrollo personal de los individuos y de toda nuestra comunidad", mencionó Felipe Calderón en su proyecto de iniciativa hace 17 años.

"Es imperativo revertir los índices de inseguridad pública e imprescindible que la sociedad recupere la confianza en sus instituciones; que sienta la certeza de que, ante la comisión de un delito, por menor que éste sea, se impondrá una sanción proporcional a la conducta y que la víctima tendrá a su alcance los elementos y medios eficaces para ser restituida en el agravio ocasionado”, añdió. 

Con los niveles, no sólo iguales sino superiores de inseguridad y delitos que hace 17 años, el gobierno federal ahora encabezado por Claudia Sheinbaum considera que aumentar el catálogo frenará el espiral de violencia y criminalidad en nuestro país.