En su última sesión del año, el Senado de la República aprobó en fast track una iniciativa de reforma que apenas 24 horas antes había presentado la presidenta Claudia Sheinbaum para regular la nueva facultad al Infonavit para construir y rentar vivienda a jóvenes.
La oposición acusó que con esa reforma se “atracará” a los trabajadores porque el gobierno federal podrá hacer uso de los recursos del fondo del Infonavit.
En la votación en lo general se emitieron 68 votos en favor del oficialismo y 29 en contra de la oposición de las reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo. En la votación en lo particular se emitieron 66 votos en favor y 27 en contra.
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En tribuna, el senador panista Ricardo Anaya indicó que su bancada votó a favor de la reforma constitucional para que el Infonavit construya 2 millones de viviendas, las pueda rentar y al final sirva para que los trabajadores las puedan adquirir.
Sin embargo advirtió el voto en contra de las leyes secundarias de esa reforma constitucional, pues dijo que es un atraco a los trabajadores.
Planteó que con el cambio al artículo 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, el gobierno dispondrá del dinero de los trabajadores por alrededor de 2 billones de pesos.
“Díganles a los trabajadores que ustedes van a disponer del dinero de los trabajadores. Lo van a hacer sin vigilancia”, advirtió.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, también condenó que se otorgue la facultad del Infonavit de disponer de los recursos que están bajo su administración.
“Hay que entenderlo, el Infonavit es distinto a cualquier otro organismo, el dinero que administra es propiedad de los trabajadores, de los derechohabientes, no es un recurso público que proviene de la Federación. Y estamos hablando de 2.4 billones que deberían de manejarse con máxima transparencia, con rendición de cuentas y alejarse por completo de la opacidad”, dijo.
En el mismo sentido, la senadora priista Mely Romero refirió que “la reforma que estamos discutiendo abre la posibilidad para que el gobierno tome de esos recursos, los invierta bajo su nueva modalidad de constructor de vivienda y los ponga en riesgo en proyectos inmobiliarios fallidos. La reforma no contiene un mecanismo de protección del dinero de los trabajadores, solamente abre la puerta para que los tome”.
Además, la reforma prevé el requisito de que las personas trabajadoras derechohabientes puedan acceder a programas de arrendamiento social de las viviendas construidas o recuperadas por el instituto, siempre y cuando cumplan con al menos un año de cotización continua.
Establece que el arrendamiento sólo podrá realizarse sobre viviendas propiedad del Infonavit o bajo su administración.
También menciona que el Infonavit definirá criterios de prioridad basados en zonas geográficas con altos índices de marginación, baja disponibilidad de vivienda y otras condiciones similares, priorizando la atención a las personas trabajadoras derechohabientes sin vivienda propia y de menores ingresos.
El saldo de la subcuenta de vivienda de las personas trabajadoras será la garantía para el cumplimiento del pago del arrendamiento, incluyendo en los contratos los procedimientos para la ejecución de dichas garantías.