El empresario veracruzano Arturo Castagné Couturier informó que ha recibido amenazas contra su vida y advertencias de que recibirá denuncias por millones de pesos, e hizo responsables de lo que le pueda ocurrir a la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle, al gobernador Cuitláhuac García, al alcalde de San Andrés Tuxtla Javier Gómez y al diputado local Luis Arturo Santiago Martínez.
Por medio de su cuenta de X, Castagné Couturier aseguró que en los últimos días recibió correos y mensajes con la fotografía de su hijo ya muerto en las escaleras del Hotel Camino Real Angelópolis, en Puebla. El joven fue asesinado el 5 de agosto de 2018, después de haber sido asaltado.
El empresario detalló que en los mensajes le dijeron que él sería el siguiente y que "no se detendrán hasta verme de rodillas", y comentó que no publicaría los mensajes para evitar difundir las fotografías de su hijo.
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Arturo Castagné dijo desconocer quién era el responsable de las amenazas y esperaba saber quién estaba detrás una vez que se le notificaran de las denuncias en su contra, pero advirtió que por el momento haría responsable de cualquier suceso en contra de él o su familia a Nahle, García, Gómez y Santiago.
No es la primera vez que el empresario recibe amenazas en su contra; anteriormente había dicho que estas comenzaron tras señalar a la exsecretaria de Energía por corrupción, enriquecimiento ilícito y conflicto de interés, así como a sus familiares por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre las relevaciones se encuentran que Nahle es dueña de un departamento con valor de 28 millones de pesos en San Pedro Garza García, el cual no estaba incluido en su declaración patrimonial, que vive en una casa en el lujoso fraccionamiento El Dorado, y que su hija ocupaba un departamento en Nueva York por el que se pagaban 100 mil pesos mensuales.
Además, a mediados de 2024 Castagné presentó una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra la sobrina de la morenista por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita en relación con la adquisición de cuatro viviendas obtenidas presuntamente mediante la malversación de fondos de la refinería Dos Bocas, en Tabasco.