Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), criticó nuevamente a la reforma judicial y las razones que fueron expresadas, calificándolas como posverdad, ya que pesaron más en la opinión pública las emociones que los datos verificados.

"Se está innovando a partir de una narrativa repetida, tan consistentemente que ha parecido convertirse en verdad. Nos encontramos entonces ante un caso típico de posverdad, en la que los hechos objetivos y verificados han tenido menos influencias en la formación de la opinión pública, que las apelaciones a las meras creencias, a los sentimientos o a las emociones", señaló Piña Hernández.

La Real Academia Española define a la posverdad como la "distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública".

El concepto alcanzó popularidad luego de la primera campaña presidencial de Donald Trump en Estados Unidos y la promoción del Brexit para que el Reino Unido se retirara de la Unión Europea, ambos eventos ocurrieron en 2016 y se resaltaron emociones nacionalistas con base en datos falsos o no precisos.

La ministra presidenta participó en la XIX asamblea general de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C. durante su discurso hizo notar la ausencia de juzgadores a esa asamblea y criticó que en sesiones anteriores buscaban fotografiarse con los ministros.

"No quisiera dejar pasar el hecho de que muchos de los magistrados y jueces integrantes de esta asociación, que en años anterior nos acompañaban y buscaban la foto, ahora es patente su ausencia. Naturaleza humana", comentó.

La ministra presidenta declaró que espera que la finalidad de la reforma sea mejorar el sistema de contrapesos entre poderes y la protección de derechos humanos, y no sólo destruir la carrera judicial.

"Deseo por el bien de mi país que la expresión 'sí se pudo', exclamada por algunos, tenga sentido cuando los hechos den constancia plena de que está funcionando el nuevo sistema que garantice de mejor manera los derechos de las y los mexicanos".

Aseguró que hay incertidumbre sobre los efectos que tendrá la reforma judicial sobre la impartición de justicia y la protección a los derechos humanos. Sobre esto último, dijo que están en riesgo cuando el poder no puede ser contenido, frenado y controlado por contrapesos y cuando se ha sometido a los juzgadores a presiones políticas para asegurar votos y su eventual reelección.

"Se dará cuenta un día que, al disminuir la independencia de los magistrados, no sólo se ha atacado al Poder Judicial sino a la república democrática misma".

Destacó también las palabras que pronunció José Antonio Montero, funcionario de la Consejería Jurídica de Presidencia, que reconoció que la reforma judicial fue impulsada y aprobada sin ningún diagnóstico previo. El funcionario participó como representante del Estado mexicano en la audiencia que llevó a cabo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 12 de noviembre para analizar la reforma.

"Ninguna falla del sistema de justicia justifica la eliminación de tajo de la carrera judicial, menos aun el establecimiento de un modelo que, según la experiencia comparada, no sólo no abona la impartición de justicia, sino que la politiza", indicó la ministra.