Fue en la congregación de Pacho Viejo, Veracruz, el 9 de septiembre de 2024, cuando se abrió la puerta para que el Senado de la República obtuviera el voto decisivo para aprobar la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF). En ese contexto, la fiscalía de Veracruz informó que los delitos que pesaban contra Miguel Ángel Yunes Márquez durante dos meses y que amenazaban con llevarlo a prisión fueron resueltos brevemente.

A las 11:00 de la noche, el Juzgado de Proceso y Procedimiento del Décimo Primer Distrito Judicial canceló la solicitud de orden de aprehensión en contra de Yunes Márquez por su probable participación en los delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal.

El juez de la causa entregó el desistimiento al fiscal decimosegundo en la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, Manuel Medel Hernández, quien previamente había solicitado una audiencia privada para solicitar la cancelación del mandamiento judicial mediante el oficio 12549/2024 de fecha doce de julio.

De acuerdo al oficio 154/ 202024, el representante del Ministerio Público había hallado nuevos datos de prueba sobre la causa contra el senador panista.

“Solicito, fecha y hora de audiencia privada relativa al proceso, pena en cita al advertirse que obran nuevos datos de prueba, que en su conjunto estimada improcedencia de la acción penal, sólo por lo que hace al investigado Miguel Ángel Yunes Márquez”, señala el documento.

Los argumentos que ofreció el representante legal de la justicia veracruzana quedaron plasmados en el oficio 14859/2024, en el que sostiene que la cancelación de la orden de aprehensión es a “petición a su superior jerárquico” la fiscal del estado, Verónica Hernández Giadáns.

Las acusaciones de delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal se originaron cuando Yunes Márquez intentó competir por una candidatura para alcalde de Veracruz por el Partido Acción Nacional (PAN), y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó su candidatura, por considerar que no cumplía con los requisitos para ser electo.

Pero la fiscalía del estado contaba con nueva información que señalaban que el candidato no era responsable de los hechos imputados y, por el contrario, era cierto que sí vivía donde había referido al presentar su documentación.

En el oficio se advierte, en principio, que se amplió la entrevista con otra persona indiciada de nombre María Teresa Madrid Vargas, jefa de manzana “denunciada por expedir una constancia falsa 28 de agosto de 2020” en favor Yunes, pero todo se resolvió al descubrir que la constancia “no es falsa” y “fue certificada por el secretario del Ayuntamiento”.

Otra razón con la que la justicia veracruzana desistió el arresto del político fue que amplió la entrevistas con vecinos, quienes “bajo protesta de decir verdad (…) refirieron que les consta que Miguel Ángel Yunes Márquez tiene su domicilio en (…) un fraccionamiento” ubicado el municipio de Veracruz, “porque lo han visto ahí en las escaleras, en el elevador e incluso acompañado de personal de seguridad”.

Y por último, la autoridad del estado determinó no continuar con el proceso judicial en contra del senador en funciones porque el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz determinó que “la separación de candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez fue únicamente porque su residencia no era efectiva en temporalidad requerida por la ley, más no porque la constancia de residencia resultara ilícita”.

Tras los argumentos, el juez de la causa aceptó los datos y canceló la orden de aprehensión.

Al día siguiente, Yunes Márquez, quien argumentaba haber estado en atención médica por padecer un problema de columna a raíz de una accidente en 2022, incluso su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, dijo que su hijo se había ausentado para atender “un padecimiento grave en la columna cervical”, se presentó en el Senado de la República para convertirse en el voto que permitió que Morena aprobara la reforma presidencial al Poder Judicial.