El gobierno federal responsabilizó al Poder Judicial de la situación de las mujeres privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16, donde se han registrado al menos 19 presuntos suicidios de mujeres en los últimos tres años, durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La coordinadora de Estrategia Institucional de la Secretaría de Gobernación (Segob), Evangelina Hernández Duarte, en su participación, lamentó los hechos ocurridos en penal, pero culpó al Poder Judicial por la falta de perspectiva de género.

“No podemos dejar de mencionar que esta problemática requiere la urgente concurrencia del Poder Judicial, ya que, hasta el día de hoy, las mujeres del Cefereso 16 carecen de una administración de justicia con perspectiva de género que les garantice una reclusión con propósito”, señaló. 

Para la representante de la Segob, la situación en el Cefereso también “exige la participación activa de la Defensoría Pública Federal, ya que se tienen testimonios del abandono de los casos, la falta de comunicación, lo que genera desesperanza al no conocer el estatus de los procesos, y la falta de promociones para garantizar su derecho a la justicia, a demás, de las sentencias desproporcionadas y sin perspectiva de género que emiten los jueces y magistrados del Poder Judicial”.

De cuerdo con la CIDH, durante la audiencia, las organizaciones civiles expresaron su preocupación por la situación de las reclusas que ha derivado en la muerte de mujeres en custodia presuntamente por suicidios. 

Además, la CIDH señaló inconsistencias entre las versiones expresadas por el Estado mexicano y las organizaciones, y solicitó a las partes a brindar información sobre el avance de las medidas que se implementen. 

Por su parte, la Defensoría Pública Federal refirió que junto con las organizaciones de la sociedad civil señalaron que las muertes en el penal se pudieron evitar si el Estado “hubiera cumplido con las obligaciones de derechos humanos de la población privada de la libertad”.

También le solicitaron a la CIDH que le pida al gobierno mexicano que implemente medidas como “la creación en un tiempo no superior de 15 días hábiles de una mesa de trabajo multidisciplinaria, la emisión de una Alerta de Violencia de Género en el Cefereso 16, investigaciones rigurosas y con enfoque de género sobre cada caso de muerte en custodia, y rediseñar mecanismos de prevención y no repetición de las muertes”.