La reciente reforma judicial en México ha suscitado un debate profundo y necesario sobre la independencia de nuestro sistema de justicia y el futuro del Estado de derecho. En medio de este panorama de incertidumbre y cambio, es imperativo reconocer a todos los jueces y juezas, magistrados y magistradas, ministras y ministros, al personal judicial, todos ellos y ellas, que con valentía e integridad, que a pesar de las adversidades, han mantenido su compromiso inquebrantable con la justicia y la legalidad, incluso cuando ello ha significado ver truncada su carrera judicial.

Estos servidores públicos han demostrado que la verdadera esencia de la judicatura no reside únicamente en la aplicación técnica de las leyes, sino en la defensa inquebrantable de los principios fundamentales que sostienen nuestra democracia. Su resistencia frente a cambios que amenazan la autonomía del Poder Judicial es un testimonio elocuente de su integridad y dedicación al bienestar de la sociedad. No es tarea fácil nadar contra la corriente en un contexto donde las presiones políticas y sociales pueden doblegar la independencia judicial.

Preocupa observar cómo, bajo el pretexto de modernizar y agilizar la justicia, se implementan medidas que pueden comprometer la imparcialidad y la independencia de los tribunales. La separación de poderes no es un mero formalismo constitucional; es el pilar que garantiza el equilibrio y evita la concentración del poder, protegiendo así los derechos fundamentales de los ciudadanos. Debemos preguntarnos si estas reformas realmente responden a las necesidades de la sociedad o si obedecen a otros fines.

La historia nos ha enseñado que la erosión de la independencia judicial es un camino peligroso que conduce al debilitamiento de las instituciones y, en última instancia, a la vulneración de los derechos humanos. Los juzgadores que hoy enfrentan la incertidumbre y el sacrificio de sus carreras por defender estos ideales están, en realidad, defendiendo los cimientos mismos de nuestra sociedad. Su valentía no sólo enaltece la noble labor que desempeñan, sino que también sirve como faro para las futuras generaciones, inspirándolas a continuar luchando por una justicia auténtica y autónoma.

Es en momentos como este cuando se pone a prueba el verdadero compromiso de una nación con los valores democráticos. La integridad y el coraje de estos juzgadores son un recordatorio de que la justicia no es una concesión del poder, sino un derecho inherente de la ciudadanía que debe ser protegido a toda costa. Su postura firme ante las reformas que amenazan la independencia judicial es un acto de patriotismo y lealtad a los principios constitucionales que nos rigen.

La sociedad civil, los académicos y los profesionales del derecho tenemos la responsabilidad de unirnos en solidaridad con estos guardianes de la legalidad. No podemos permanecer indiferentes ante los intentos de socavar la independencia judicial, ya que ello repercute directamente en la protección de nuestros derechos y libertades. Es necesario fomentar un diálogo constructivo que permita analizar de manera crítica las implicaciones de la reforma y proponer alternativas que fortalezcan, en lugar de debilitar, nuestras instituciones.

Es momento de reconocer que la lucha por la justicia es una responsabilidad compartida. Los juzgadores no pueden enfrentar solos los embates contra la independencia judicial. Requieren del respaldo y la solidaridad de una sociedad comprometida con la defensa del Estado de derecho. Al alzar nuestras voces en apoyo a estos valientes servidores públicos, estamos también defendiendo nuestros propios derechos y libertades.

La educación y la concientización juegan un papel crucial en este proceso. Es necesario que desde las universidades y los centros de formación se promueva una cultura jurídica que valore la independencia y la ética profesional. Sólo a través de la formación de profesionales del derecho comprometidos con estos ideales podremos asegurar la continuidad de una judicatura fuerte y autónoma.

Además, es fundamental que los medios de comunicación ejerzan una labor informativa responsable, que contribuya al entendimiento público de la importancia de la independencia judicial. La sociedad debe estar plenamente informada sobre las implicaciones de las reformas y sobre cómo estas afectan directamente la protección de sus derechos.

La historia recordará a quienes, en tiempos de incertidumbre, se mantuvieron firmes en defensa de la justicia y la democracia. Hoy, más que nunca, es esencial reconocer que la integridad y el coraje de nuestros juzgadores son la última línea de defensa frente al poder omnímodo. No podemos permitir que su sacrificio sea en vano; es nuestra responsabilidad colectiva apoyar y proteger a quienes dedican su vida a salvaguardar el Estado de derecho y los valores que nos definen como sociedad.

La reforma judicial, siempre un proceso inacabado y en constante evolución, debe ser un proceso que fortalezca y no debilite nuestras instituciones. Debe orientarse a mejorar la impartición de justicia, garantizar la independencia de los tribunales y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sólo así podremos construir un sistema judicial robusto y confiable, capaz de responder a las demandas de una sociedad que clama por equidad y justicia.

A todos los jueces y magistrados que han demostrado una valentía ejemplar en estos tiempos difíciles, les reitero mi más profundo respeto y admiración. Su compromiso con la justicia fue y será una inspiración para muchos de nosotros y un recordatorio de que la integridad y el honor son valores que trascienden cualquier obstáculo. En lo positivo, sigamos su ejemplo y trabajemos juntos por un México donde la justicia sea verdaderamente imparcial y al servicio de todos.

No puedo terminar estas líneas sin hacer una especial mención del juez Eduardo Osorio Rosado, juzgador que pasará a la historia del derecho mexicano como aquel que inaplicó por primera vez en México la prisión preventiva oficiosa por contravenir las convenciones internacionales de las que nuestro país forma parte, la cual, dicho sea de paso, volverá a ser ampliada en nuestra Constitución. 

Así, en espera de ver cómo terminará esta historia, nos leemos la próxima semana. Mientras tanto, te espero en X (antes Twitter) como @enrique_pons.