La jueza de distrito Yazmín Murillo cuestionó las cifras sobre el supuesto daño económico que habría provocado el paro de labores de trabajadores del Poder Judicial, difundidas por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama.
Según la ministra Batres, en los 72 días de suspensión de actividades de los trabajadores, en protesta por la reforma judicial, el daño económico ha ascendido a 13 mil 594 millones 637 mil 808 pesos.
A través de una publicación en redes sociales, la jueza Yazmín Murillo explicó que ese número sale de dividir el presupuesto total del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), 68 mil 917 millones 261 mil 195 pesos, entre los 365 días de un año, y el resultado se multiplica por los 72 días de paro laboral.
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“No considero que sea la mejor forma de obtener el ‘daño patrimonial’ que se asegura ha causado la reducción de actividades, porque el CJF, como órgano administrativo continúa laborando y los órganos jurisdiccionales de todo el país hemos atendido en este tiempo los casos que el propio CJF señaló”, aclaró la jueza Murillo.
La jueza recalcó que no todos los juzgados suspendieron labores, y que algunos ya han reanudado sus actividades.
La ministra Lenia Batres publica en sus redes sociales un conteo diario del supuesto daño económico que causa el paro laboral de trabajadores del Poder Judicial que han optado por esta medida para expresar su desacuerdo con la reforma judicial, que estableció la elección de jueces, magistrados y ministro por medio del voto popular.
En tanto, ocho ministros de la SCJN presentaron ante el Senado sus renuncias, además de su declinación al proceso de elección de juzgadores, por lo que su periodo en el cargo concluiría de manera anticipada en agosto.