La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general el dictamen con el que Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) vuelven a considerarse empresas públicas, luego de que en 2013 reasignaran su estatus a empresas productivas del Estado.
Durante la sesión ordinaria de hoy, con 353 votos a favor, 122 en contra y cero abstenciones, el pleno de la Cámara Baja avaló la reforma constitucional en materia energética presentada en febrero pasado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
La iniciativa promueve modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, mismos que abordan las áreas y empresas estratégicas del país, así como el manejo del litio y de los servicios de internet.
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En la discusión, el diputado panista César Augusto Rendón García criticó que regresar a CFE y Pemex el estatus de empresas públicas “refuerza el control estatal”, además de generar “un deterioro en la calidad de los servicios”.
La emecista Claudia Gabriela Salas Rodríguez también se manifestó en contra de la reforma, porque en ella “no se establecen los detalles de cómo se va a regular la inversión privada”.
Por su parte, el priista Mario Zamora Gastélum explicó que, si se aprueba el dictamen, se estarían violentando los derechos humanos al “generar contradicciones entre las disposiciones nuevas y las ya establecidas”, así como afectar los acuerdos comerciales con socios internacionales, como Estados Unidos.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este día, la titular de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó que las empresas productivas del Estado "se rigen por el derecho mercantil, poniendo a las empresas públicas con reglas como una empresa privada".
La funcionaria detalló que el dictamen busca garantizar que CFE genere el 54% de energía del país, mientras que el 46% correría a cargo de empresas privadas.
Aseguró que el dictamen incentivará la inversión privada, al brindar certeza para los accionistas: “La confiabilidad del sistema general de electricidad debe ser por parte del Estado, para poder regular su mejor distribución y que pueda llegar a todos los hogares del país”.