El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que son procedentes los recursos en contra de la reforma judicial, al resolver una consulta ingresada por jueces y magistrados que interpusieron para ver si es viable impugnar la reforma promovida por Morena que trastoca, consideran, los principios constitucionales de independencia judicial y división de poderes.

El alto tribunal resolvió la primera consulta bajo la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. En su proyecto, el ministro señaló que las impugnaciones contra la reforma judicial son procedentes bajo el artículo 11, fracción XVII, de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que ordena a la Corte velar por la autonomía e independencia judicial.

Los ministros aprobaron por ocho votos esa consulta a trámite 4/2024, con los votos en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama, quienes incluso acusaron de "golpe de Estado" la aprobación de dar trámite la consulta planteada por integrantes del Poder Judicial de la Federación.

Con esto, la SCJN abre la puerta a que sean admitidas las impugnaciones en contra de la reforma judicial aprobada por la mayoría calificada de Morena y publicada el 15 de septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que establece, entre otras cosas, la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros.

El ministro González Alcántara Carrancá propuso en su proyecto que, aunque la consulta estuvo mal planteada, sea admitida para que el pleno del máximo tribunal resuelva de fondo la eventual impugnación en contra de la reforma judicial.

Las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, afines al oficialismo, se posicionaron en contra del proyecto pues consideran que la reforma judicial es un hecho consumado que no puede ser controvertido y que la Suprema Corte se excedería en sus facultades si acepta una eventual impugnación a la reforma aprobada por el Congreso federal.

Las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres argumentaron en contra de resolver favorablemente la consulta, consideraron como un exceso darle cause y llamaron como "golpe de Estado" que se resuelva una eventual impugnación en contra de la reforma.

"Es evidente que todo cambio supone resistencias y produce en nosotros un natural deseo de preservar el estado de las cosas en nuestra zona de confort", dijo la ministra Esquivel.

Batres Guadarrama fue más allá consideró que el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá hace una interpretación "fraudulenta" de la ley y que el reencausamiento de la consulta propuesto es un hecho arbitrario "que busca a toda costa satisfacer la pretensión de jueces y magistrados".

Esa misma ministra también calificó como una "afrenta política, que vulnera el estado de Derecho" el hecho de que la Suprema Corte pretenda hacer una revisión judicial de la reforma que aprobó la mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Congreso federal.

"La Suprema Corte actuaría así de manera tiránica, despótica, autoritaria al tratar como inferiores jerárquicos a los otros poderes, incluido el poder reformador", dijo la ministra Batres.

En respuesta, el ministro González Alcántara Carrancá le señaló que la consulta tiene su fundamento en una ley que emitió el propio Congreso y que las personas juzgadoras que promovieron la consulta también son parte del pueblo. 

"El planteamiento de analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional ha sido defendido y promovido incluso por el partido que hoy goza del oficialismo. Nadie en ese momento los acusó en este pleno de golpistas", mencionó el ministro ponente y pidió un diálogo constructivo a sus compañeros.

Por su parte, la ministra Margarita Ríos Farjat, en un discurso más mesurado respecto a sus antecesoras, calificó como "sui generis" a la consulta y dijo que su análisis y resolución, al que la Corte no puede negarse a hacer, será un hecho histórico que enriquecerá al sistema jurídico mexicano. 

"No creo que sea un golpe de Estado resolver una consulta y estas expresiones tergiversan la litis que hoy resolvemos y dan una idea equivocada a la sociedad del análisis técnico que se está llevando a cabo", señaló la ministra Ríos Farjat.

El ministro Javier Laynez Potisek señaló que los argumentos de las ministras Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf y Batres Guadarrama son de fondo, que deberán exponerse cuando sea analizada una impugnación en contra de la reforma judicial.

En contra de los argumentos de las ministras Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf y Batres Guadarrama, el ministro preguntó a sus pares si no analizarían una reforma constitucional si el Congreso hipotéticamente incorporara a la Constitución límites a derechos humanos, como penas en contra de las mujeres que decidan abortar.

Además recordó que la Suprema Corte tiene pendiente realizar el análisis de si puede resolver impugnaciones en contra del texto constitucional, y que no ha resuelto la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a México a eliminar la medida cautelar de arraigo y limitar la prisión preventiva oficiosa.

El ministro Luis María Aguilar aseguró que la facultad que le otorga a la Corte la fracción XVII del artículo 11 de la ley orgánica del PJF es un "auténtico medio de control constitucional" y no se debe limitar a dirimir controversias dentro del Poder Judicial, pues está en juego el derecho a una justicia pronta, completa e imparcial y recordó que la autonomía e independencia judicial van de la mano con dicho derecho humano.

"Este mecanismo de protección constitucional sirve para precisar que las intromisiones a la autonomía del Poder Judicial de la Federación no sólo afecta a éste, sino tienen un impacto directo a los derechos de acceso a la justicia de todas las personas en México", puntualizó.

El ministro Alberto Pérez Dayán comentó que considera que la consulta dará camino a los eventuales recursos contra la reforma y no es una resolución de fondo del tema. Añadió que es facultad de la Suprema Corte definir el alcance de las leyes e interpretar armónicamente las normas. 

"No se afirma que el único resultado de esta consulta será desconocer una reforma constitucional, eso es errado", dijo en referencia a lo expuesto por las tres ministras cercanas al oficialismo. 

El ministro Jorge Pardo Rebolledo reiteró que no es el momento para analizar si es procedente que la Suprema Corte analice y, en su caso, invalide una reforma a la Constitución.

"Esos argumentos en este caso no son aplicables, en primer lugar, porque estamos en presencia de una consulta a trámite y porque no estamos debatiendo el contenido de la resolución que pudiera dictarse en este caso", dijo el ministro Pardo Rebolledo.

Los ministros Aguilar Morales y Jorge Pardo Rebolledo reviraron las menciones que hizo de ellos la ministra Esquivel Mossa, quien en su intervención citó unas resoluciones que esos ministros hicieron en contra de admitir recursos contra reformas constitucionales. Ambos se justificaron mencionando que las sentencias que citó la ministra fueron emitidas antes de la reforma constitucional del 2011 en materia de amparo.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena también recordó el tema pendiente de la Corte sobre la prisión preventiva oficiosa. Dijo que el alto tribunal aún no ha generado doctrina sobre posibles revisiones a lo que sea aprobado por el poder reformador. 

Con la resolución de esta consulta a trámite aún quedan pendientes de ser analizados los proyectos de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama que resuelven otras seis consultas ingresadas por jueces y magistrados que consideran a la reforma judicial como violatoria de los principios de autonomía judicial y división de poderes.