Con 39 votos en favor, comisiones del Senado de la República avalaron las reformas a los artículos 4 y 27 de la Constitución, que buscan garantizar una pensión a las personas con discapacidad permanente, a las personas adultas mayores de 65 años, así como un apoyo a productores, pescadores y campesinos.
Esta reforma, que es parte de las 19 iniciativas presentadas en febrero del año pasado por el Ejecutivo federal, tuvo el aval de los senadores del oficialismo y respaldadas por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en las comisiones de Bienestar, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.
El dictamen será presentado este martes en primera lectura al pleno del Senado, y el miércoles se discutirá en segunda lectura.
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El senador panista Ricardo Anaya anunció el voto en favor, pues dijo que en el 2018, cuando él fue candidato presidencial, planteó el ingreso básico universal por creer en las transferencias directas.
“Esta idea de 'no le des a la gente recursos porque los van a malgastar', es una idea en la que muchos de nosotros no creemos, nadie sabe qué necesita mejor que quienes viven la necesidad a diario”, comentó.
El dictamen obliga a que el Estado garantice la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas, así como un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala, y un apoyo anual directo a pescadores también de pequeña escala.
Indicó que el Estado mantendrá precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable.
La reforma al artículo 4 estableció que “toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada”.
Javier Corral, senador de Morena, consideró que la polarización social en México fue provocada por la desigualdad y niveles de pobreza, y que esto provocó a su vez la polarización política de llamarles “mantenidos”, "holgazanes” a quienes reciben transferencias de gobierno.
Finalmente, la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, se pronunció en favor de dictamen, aunque planteó necesario que en las leyes secundarias se prohíba que los promotores de los programas sociales utilicen colores similares a los del partido en el gobierno.