Hace cinco años exactamente, Culiacán ardió en llamas. Fue el día en que un grupo de militares y elementos de la Guardia Nacional irrumpieron en un domicilio para detener a Ovidio Guzmán López con el fin de extraditarlo a Estados Unidos, donde era requerido.

De acuerdo con la acusación radicada en el tribunal de Distrito Sur de Nueva York, a partir de lo ocurrido ese día y la liberación de Ovidio Guzmán por instrucciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Los Chapitos se consolidaron como la facción más fuerte del Cártel de Sinaloa.

En el documento de 56 páginas, en el que se acusa a los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, y a otras 21 personas de diversos delitos particularmente relacionados con el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, se consigna lo ocurrido ese 17 de octubre de 2019 de acuerdo con sus fuentes de inteligencia.

Ovidio Guzmán López, medio hermano de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, todos ellos hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue detenido por primera vez ese día en un domicilio de Culiacán por parte de fuerzas policiacas y militares, cita la acusación que fue revisada por Latinus.

“En respuesta a su arresto, Los Chapitos aprovecharon todo el poder de grado militar que les era leal y ordenaron a todos los sicarios disponibles que convergieran en Culiacán para luchar por la liberación de Ovidio Guzmán López”, narra.

Fue así como “sicarios leales a Los Chapitos atacaron y mataron a funcionarios del gobierno y militares mexicanos en todo Sinaloa y rodearon Culiacán, envolviendo a la ciudad en una ola de violencia”.

Finalmente, “el gobierno mexicano liberó a Ovidio Guzmán López después de una destrucción significativa y aproximadamente 13 muertes, incluido un miembro de la Guardia Nacional mexicana”.

Dejaron sola a la Chapiza

Para el día en el que el “Culiacanazo” ocurrió, “El Chapo” tenía casi tres años en una cárcel de Estados Unidos. Resultado de su ausencia y de que “ciertas facciones del cártel no acudieron en ayuda de Los Chapitos durante el 'Culiacanazo', las alianzas entre las facciones dentro del cártel se rompieron y se produjeron luchas internas”.

De ese modo, los tres hermanos “y sus seguidores surgieron como las facciones más grandes y poderosas del cártel, en gran parte debido a la incesante campaña de derramamiento de sangre por parte sicarios del cártel leales a Los Chapitos”.

Entre esos sicarios, detalla la acusación, estaba un grupo “particularmente violento”, en referencia a Los Ninis, comandados por Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”, preso en Estados Unidos tras ser extraditado en mayo de este año, y Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias “El 27”, uno de los hombres más perseguidos en este momento por las fuerzas militares en Sinaloa.

Tras la detención de Ovidio Guzmán, Los Chapitos ordenaron a todos los sicarios del cártel disponibles que convergieran en Culiacán para luchar por su liberación, cita el documento.

Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”, uno de los 10 hombres más buscados por la DEA, asignó a integrantes de Los Ninis en diversos lugares, entre ellos, en el aeropuerto de Sinaloa, “donde se les instruyó para derribar con bazucas y lanzagranadas cualquier avión o helicóptero que intentara despegar o aterrizar”.

Frente al abandono de otras facciones del Cártel de Sinaloa y la desesperación del momento, Iván Archivaldo Guzmán “ignoró su práctica normal de seguridad operativa de nunca comunicarse a través de frecuencias de radio públicas de onda corta”.

Así, “usó repetidamente esas frecuencias para ordenar personalmente a sus sicarios que mataran a cualquier funcionario del gobierno o militar que pudiera ser encontrado”.

Finalmente, cita la acusación, “el gobierno mexicano liberó a Ovidio Guzmán López después de que la violencia armada generalizada por parte de los sicarios controlados por Los Chapitos resultó en una destrucción significativa y aproximadamente 13 muertes, incluido un miembro de la Guardia Nacional”.

El documento también consigna lo ocurrido el 5 de enero de 2023, cuando “el aparato de seguridad de Los Chapitos se movilizó en Jesús María, Sinaloa, para tratar de impedir que las autoridades mexicanas arrestaran a Ovidio Guzmán López por segunda vez”.

Agrega que “si bien esta vez las autoridades mexicanas arrestaron con éxito a Ovidio Guzmán López y confiscaron, entre otras cosas, numerosas armas de fuego y aproximadamente seis bolsas de pastillas de fentanilo, los sicarios del cártel leales a Los Chapitos realizaron amplios esfuerzos para evitar el arresto”.

Ese hecho incluyó “involucrar al Ejército mexicano en tiroteos, matar soldados y quemar vehículos para crear bloqueos de carreteras. Esta violencia y destrucción, que incluyó al menos 29 muertes, rápidamente se conoció como el ‘Segundo Culiacanazo’”.

Violencia y expansión del cártel

De acuerdo con el documento, Los Ninis “recibieron entrenamiento de estilo militar en múltiples áreas de combate, incluyendo guerra urbana, armas y tácticas especiales y competencia de francotirador”.

Estos sicarios “secuestraban, torturaban y mataban a cualquiera que se opusiera a Los Chapitos”, y a medida que el cártel se expandió fuera de Sinaloa, “utilizaron la misma receta de violencia brutal e implacable para afirmar el control en otras áreas de México”.

Su forma de operar consistía en tomar el control de las organizaciones de tráfico de drogas y las pandillas callejeras, “y cometían actos de violencia para intimidar a las poblaciones locales y a los traficantes rivales y asegurar el dominio del cártel en el área”.

A este proceso, de acuerdo con la acusación, lo llamaban “limpieza”, que incluía “secuestros, torturas y asesinatos de narcotraficantes rivales y funcionarios gubernamentales que no estaban dispuestos a adherirse al cártel”.

Entre 2016 y 2022, detalla, “limpiaron” los estados de Coahuila, Michoacán, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua, que “eran áreas importantes y estratégicamente ubicadas para mantener el control de la posición del cártel como la organización dominante del narcotráfico en México”.

En la actualidad, se consigna, el Cártel de Sinaloa está activo en más de la mitad de las entidades y tiene “una red criminal que abarca a casi todas las ciudades importantes, desde Nueva York hasta Buenos Aires, con presencia en más de 45 países en todo el mundo”.