La administración de Claudia Sheinbaum decidió reincorporar a María del Rocío García Pérez como titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a pesar de haber sido señalada hace dos años de obligar a los empleados del organismo a entregar parte de su salario para subsanar la falta de ingresos derivados de la austeridad republicana impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando ocupó el mismo cargo que ahora tiene de vuelta.
En 2022 circuló en diversos medios que durante la gestión de García Pérez frente al DIF les exigía a los trabajadores entre el 3 y el 4% de su salario para cubrir las necesidades del organismo, y de no pagarlo, podrían ser despedidos.
Para coaccionar el pago, la ahora titular del DIF aseguraba que era amiga de López Obrador y de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y para demostrar que era cierto, contaba intimidades de la pareja en juntas, según trascendió en su momento.
Te podría interesar
Los trabajadores empezaron a hacer los pagos en marzo de 2019 y en noviembre de 2020 interpusieron una denuncia anónima en la Secretaría de la Función Pública (SFP). Sin embargo, la dependencia empezó a investigar hasta abril de 2021 y tres meses después decidió archivar el caso "por falta de pruebas".
Después de que la investigación se hiciera pública, María del Rocío García Pérez dejó su cargo en el DIF el 11 enero de 2022 y tomó su lugar Nuria María Fernández Espresate, quien terminó su administración el pasado 30 de septiembre.
A pesar de la investigación de la SFP y los señalamientos en medios de comunicación, García Pérez siguió en la nómina del sector público, pues al poco tiempo se integró como subsecretaria de Bienestar, donde mantuvo un bajo perfil
Después de que la presidenta anunció su nombramiento como titular del DIF, María del Rocío García Pérez agradeció la confianza de Sheinbaum y aseguró que será un cargo que desempeñará con "responsabilidad, empeño y entrega".
El DIF fue fundado en 1972 por Carmen Romano, esposa del entonces presidente José López Portillo, y tiene como objetivo promover la protección integral de los derechos de los niños y adolescentes, así como el desarrollo integral de la persona, familia y comunidad.