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Cancillería debe transparentar las gestiones para extraditar a Antonio Tarek Abdalá, extesorero de Javier Duarte: INAI
Jueves 21 de Noviembre de 2024

Cancillería debe transparentar las gestiones para extraditar a Antonio Tarek Abdalá, extesorero de Javier Duarte: INAI

Foto: Cuartoscuro
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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debe informar sobre las gestiones diplomáticas que ha hecho para solicitar la extradición de Antonio Tarek Abdalá Saad, extesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Luego de que un particular solicitó dicha información, la Cancillería respondió que brindar información respecto a si existe o no una petición de extradición en contra de Tarek Abdalá, se contrapone al derecho de la presunción de inocencia por lo que clasificó como confidencial.

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Inconforme con la respuesta, el particular presentó un recurso ante el INAI, donde el comisionado presidente Adrián Alcalá Méndez analizó el caso y planteó que transparentar la información requerida permite la fiscalización respecto de las instituciones encargadas de la procuración de justicia.

"Debe prevalecer el interés público ante la clasificación, ya que se trata de información respecto del desvío de miles y miles de millones de pesos, que claramente no afectan únicamente al patrimonio de Veracruz, sino la vulneración de muchos derechos humanos que se deben garantizar a través de la asignación de estos recursos", afirmó.

Al analizar el caso, el comisionado Alcalá Méndez encontró que la Fiscalía General de la República (FGR) citó al extesorero para declarar por su presunta responsabilidad en el delito de peculado.

Además, determinó que dar a conocer la información requerida permitirá conocer las condiciones de la procuración de justicia contra exfuncionarios públicos que realizaron actos de corrupción, así como facilitar la evaluación de las acciones que lleva a cabo la SRE para colaborar con la FGR en el proceso de extradición.

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El exfuncionario de Veracruz, como servidor público, fue acusado de firmar diversas compraventas para el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal para la adquisición de bienes, los cuales no ingresaron ni salieron del almacén.