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El INE alerta que seis institutos electorales estatales enfrentan un alto riesgo financiero por reducciones a su presupuesto
Miércoles 20 de Noviembre de 2024

El INE alerta que seis institutos electorales estatales enfrentan un alto riesgo financiero por reducciones a su presupuesto

Foto: Cuartoscuro
Escrito en MÉXICO el

Por Jorge Monroy

El Instituto Nacional Electoral (INE) alertó que los Organismos Públicos Locales Electorales de Campeche, Colima, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas, presentan un riesgo financiero alto.

El Organismo Público Local Electoral de Colima tuvo una reducción presupuestal de 70.28% que afectó el gasto operativo, por tal motivo interpuso un medio de impugnación ante el Tribunal Electoral Local que fue resuelto el 21 de febrero y en el cual el órgano jurisdiccional determinó dejar insubsistente dicho recorte, y ordenó al Congreso del estado realizar un nuevo análisis.

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El OPLE de Colima, dentro de su presupuesto consideró 16 millones 500 mil pesos que correspondían a la ampliación de 2022 y de la cual únicamente le otorgaron 10 mil 500 millones; por lo que quedaron pendientes pagos de arrendamientos de los inmuebles de la sede del instituto y de sus órganos desconcentrados. Ante tal situación, destinó recursos del presupuesto aprobado para este ejercicio por un monto de un millón 947 mil 377 pesos, ocasionando que otros rubros se quedaran sin presupuesto.

Respecto al instituto electoral estatal de Guerrero, el Consejo General aprobó el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 por un monto de 427 millones 962 mil 438 pesos, pero el Congreso local le otorgó una bolsa de 462 millones 346 mil 515 pesos, lo que representaba un superávit de 34.3 millones. No obstante, el gobierno del estado hizo de conocimiento del OPLE que no cuenta con suficiencia presupuestal para ministrar la cantidad referida, por lo que ajustó el monto a 285 millones 346 mil 222 pesos.

En Oaxaca, el instituto electoral local tuvo una reducción presupuestal del 59.55%, por tal motivo tuvo que realizar un ajuste y dejó sin recursos el rubro que tenía previsto para el desarrollo de los procesos electorales por Sistemas Normativos Indígenas, por la cantidad de 9.5 millones de pesos.

Respecto a las ministraciones, el OPLE de Oaxaca informó que para el gasto operativo de enero a julio tenían programado recibir 42.9 millones de pesos, pero el gobierno del estado únicamente entregó 40.8 millones, quedando pendiente 2 millones 68 mil 682 pesos sin especificar en qué rubros está impactado la recepción del presupuesto incompleto.

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En el caso del OPLE de San Luis Potosí, en el primer bimestre del año realizó un nuevo ejercicio de presupuestación, derivado de la identificación de actividades y necesidades observadas en todas las áreas, y considerando la reducción de la que fue objeto y que ascendió al 74.35% de lo solicitado.

En Zacatecas, el instituto electoral de la entidad aprobó la distribución del presupuesto 2023, dado el recorte que tuvo para este año por 53.08%, por lo que ninguna de las áreas contaba con los recursos suficientes para todo el año. Además, mencionó que no se les asignaron recursos para realizar programas específicos y actividades electorales programadas, por lo que no se podrán llevar a cabo hasta en tanto se cuenten con los recursos necesarios.

Finalmente, en el caso de Campeche, el pleno del Congreso del estado aprobó una reforma electoral local que fue publicada el 1 de junio de este año, en donde ordenó al instituto electoral local remitir a más tardar en 30 de junio a la Secretaría de Administración y Finanzas un ahorro de 9 millones 165 mil pesos por la reducción del número de consejerías distritales y municipales. Cabe destacar que para este año, el instituto electoral de Campeche contaba con un presupuesto de 19 millones 841 mil 338 pesos para ese rubro.

El 11 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó disposiciones del decreto 162 relativas al presupuesto de los Organismos Públicos Locales Electorales y ordenó al Poder Legislativo de Campeche que analizara el proyecto de presupuesto de egresos presentado por el Instituto, para que determine si es viable autorizar recursos adicionales y en caso de no ser así el Congreso motive la determinación.