La Secretaría de la Función Pública (SFP) multó a 120 licitantes, proveedores y contratistas por un monto total de 900 millones 783 mil 881 pesos durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2023, por violación de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (LFACP).
La dependencia informó que las conductas más recurrentes que se detectaron fueron la falta de formalización de las adjudicaciones, así como la entrega de información falsa e incumplimiento contractual, de acuerdo con la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y con la ley Obras Públicas y Servicios.
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La dependencia informó además que se impusieron 12 sanciones a 11 empresas “por haber realizado acciones que tuvieran por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en las contrataciones públicas de carácter federal, así como haber realizado actos u omisiones para evadir los requisitos o reglas establecidos o simular su cumplimiento en las mismas”.
Dichas sanciones incluyen 82 inhabilitaciones que van de los tres meses a los siete años.
El pasado 11 de julio, Función Pública (SFP) oficializó los lineamientos para la rendición de cuentas ante la próxima conclusión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Entre las disposiciones, la Función Pública señala que las dependencias del gobierno de López Obrador, entidades y empresas del Estado deberán iniciar con el proceso de rendición de cuentas 12 meses antes de que finalice su gestión, a partir de septiembre de este año.
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Entre los documentos deberán incluir se encuentra un informe de gestión gubernamental; un acta administrativa entrega-recepción, que deberá dar detalles sobre los recursos financieros, humanos y materiales asignados, además de memorias documentales de los programas y acciones de gobierno.