La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, aseguró este viernes que es urgente realizar una reforma estructural en el Poder Judicial con el objetivo de retomar la confianza de la sociedad en sus juzgadores.
"Hoy la sociedad desconfía de la justicia y ante este diagnóstico es necesario reflexionar sobre la pertinencia y la urgencia de una gran reforma estructural de los poderes judiciales, tanto federales como locales, para así, asumir, con el texto constitucional y servir mejor a nuestro país en una sociedad", dijo.
Durante la ceremonia de entrega de títulos de maestría en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, la ministra Esquivel señaló que el Poder Judicial debe ser aliado de la sociedad a través de las sentencias, ya que sus decisiones deben generar confianza.
Asimismo, indicó que los tribunales están obligados a la autocrítica y a la evaluación para verificar a fondo los cambios estructurales que se necesitan.
"Estamos conscientes de que el diálogo y el entendimiento se agotan, la sociedad solamente tienen un camino: recurrir a nosotros, los jueces, quienes con la prudencia, la templanza, independencia y excelencia deben (\u2026) celebrar esa justicia anhelada que los mexicanos requieren", apuntó.
En mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en septiembre del próximo año, antes de terminar su mandato, enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para que los ministros de la SCJN sean elegidos por voto ciudadano.
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"De una vez anuncio: en septiembre, antes de que yo termine, voy a enviar por lo menos tres reformas hasta ahora, pero vienen otras sociales, tres reformas constitucionales, la del Poder Judicial para que el pueblo elija a los ministros como lo establece la Constitución liberal de 1857 en la época del presidente Juárez, que los ministros los elegía el pueblo", afirmó durante su conferencia matutina.
Este anuncio sobre la reforma se dio después de que la Suprema Corte invalidó la primera parte del llamado plan B electoral de López Obrador, debido a que la mayoría en el Congreso violó el proceso legislativo durante su aprobación en febrero pasado.