EFE.- Unas mil víctimas de desplazamiento forzado por la ola de violencia que ha generado el crimen organizado en comunidades de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, regresaron este jueves al municipio de Frontera Comalapa y exigieron al gobierno seguridad en la región.
Las personas retornaron a sus hogares, desde el municipio de Chimuselo, a unos 25 kilómetros de distancia, y en su regreso fueron escoltados por agentes Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional.
Esto luego de que el miércoles unos mil 500 agentes militares tomaron el control del citado municipio de Frontera Comalapa.
Desde la semana pasada, varias comunidades del municipio de frontera Comalapa fueron escenario de balaceras y bloqueos entre grupos criminales.
Según fuentes de seguridad, los enfrentamientos los protagonizaron presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa, situación que provocó el desplazamiento de, al menos, unos 3 mil habitantes.
Este jueves, mujeres y hombres relataron a EFE el duro golpe y terror que vivieron durante siete días, bajo la lluvia de balas que lanzaron los grupos criminales.
Este es el primer grupo conformado por alrededor de mil personas, de casi 3 mil desplazados, que aceptó retornar a su comunidad con la ayuda de las fuerzas militares.
Escoltados por militares
El regreso se dio en seis camiones militares y las personas fueron custodiadas por decenas de agentes militares que se encargaron de escoltar a pobladores de las comunidades Nueva Independencia, Nueva Libertad y Flores del Grijalva.
De acuerdo con las autoridades municipales, fueron tres las localidades del municipio de Frontera Comalapa que quedaron vacías, debido a que sus habitantes huyeron de la ola de violencia, ante el temor de ser agredidos o reclutados por los hombres armados.
En la comunidad Lajerillo, en Frontera Comalapa, se pudo observar automóviles siniestrados, cientos de cartuchos percutidos hallados sobre la cinta asfáltica, un par de viviendas con perforaciones de bala de alto calibre y cristales rotos.
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“Poco a poco se está normalizando la situación, antes de la llegada del Ejército había gente desplazada en las montañas, en los arroyos, en los montes, en zonas de difícil acceso pero se está llegando a sensibilizar para su retorno”, expresó a EFE la autoridad municipal de Chicomucelo, Humberto Robledo.
El pasado fin de semana un centenar de ONG’s exigieron a los gobiernos municipal, estatal y federal garantizar la seguridad e integridad de la población de varios municipios del sureño estado mexicano de Chiapas ante la violencia provocada por grupos del crimen organizado.
Según versiones de pobladores y activistas, la violencia se ha instalado en la región debido a una disputa por la plaza entre el Cártel de Sinaloa y el grupo criminal llamado “El Maíz”, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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Además, a decir de informes del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, los municipios de Chicomuselo, Mazapa y Frontera Comalapa desde hace dos años han reportado presencia del crimen organizado.
En tanto, las organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que desde 2022 a la fecha ha habido un desplazamiento forzado de unas 8 mil personas.