Reuters.- Un cambio inminente en la política fronteriza de Estados Unidos podría aumentar la presión sobre el sistema de detención de migrantes en México y generar más reportes de abusos a los derechos humanos, advirtieron expertos, luego de un incendio que dejó 40 fallecidos.

El 11 de mayo, está previsto que expire una orden de salud de la época de la pandemia del coronavirus conocida como Título 42, que le ha permitido a Estados Unidos expulsar rápidamente a migrantes de su frontera sur a México.

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Se espera que eso conduzca a un gran aumento en la cantidad de migrantes que intentan cruzar la frontera y es probable que Estados Unidos se apoye en México para controles migratorios más estrictos, como detenciones y deportaciones, dijeron cinco expertos en política consultados por Reuters.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a incrementar las intercepciones de migrantes en 2019 bajo presión del expresidente Donald Trump.

La administración de Joe Biden ha continuado con ese impulso, dijeron los expertos. Estados Unidos logró un récord de 2.2 millones de detenciones en la frontera común el año pasado, incluido un número creciente de ciudadanos de países como Venezuela y Cuba.

En 2022, México detuvo a más de 444 mil migrantes, 44% más que en 2021. Según datos del año pasado, el Instituto Nacional de Migración (INM) operaba 57 centros de detención con capacidad para 6 mil 878 personas en todo el país.

“La administración (de Biden) reconoce que, en este momento, realmente necesitan a México como socio en sus esfuerzos de cumplimiento”, sostuvo Maureen Meyer, experta en migración de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Ahora, el fin anticipado del Título 42 está despertando la preocupación de defensores de derechos humanos, quienes dicen que ya han visto que el impulso de México para retener a los migrantes conduce a prácticas inconsistentes ad-hoc que han alimentado las violaciones de derechos.

Aseguran que el incendio mortal del 27 de marzo en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez es como una señal de advertencia.

“El pasado año fueron brutales las acciones del INM, vimos un incremento acelerado de violaciones a derechos humanos”, opinó July Rodríguez, miembro del Consejo Ciudadano del instituto, que rastrea las políticas migratorias de México y brinda propuestas sobre cómo proteger los derechos de los migrantes.

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“Creemos que para este año se multiplicará, aunado a lo sucedido en Juárez“, agregó.

En 2022 se presentaron más de dos mil denuncias contra el INM ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH), casi el doble que el año anterior.

Las presuntas violaciones incluyeron atención médica inadecuada, detención injusta, trato cruel e intimidación. La mayoría se presentaron en el estado sureño Chiapas, donde México ha concentrado los esfuerzos de contención migratoria. Las denuncias no establecen que el INM haya tenido necesariamente la culpa.

En respuesta a los puntos planteados en este artículo, el instituto dijo que está comprometido con la salvaguarda de los derechos de los migrantes, tiene como objetivo promover la migración legal y opera dentro de la ley.

Agregó que sus centros de detención están equipados para atenderlos y defendió su historial en el manejo del aumento de migrantes en México.

“Ningún gobierno en el mundo ha dado muestras de una atención a la migración irregular como México, sin embargo el incremento exponencial de estos flujos migratorios ha rebasado a la mayoría de los gobiernos receptores de migrantes”, aseguró a Reuters Héctor Martínez, quien coordina las oficinas del INM a nivel nacional.

En los últimos años el instituto ha cerrado algunos centros de detención migratoria por malas condiciones de higiene y seguridad. Ha ofrecido visas humanitarias a las víctimas que sobrevivieron al incendio de Ciudad Juárez.

La administración del presidente Biden no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los temores de que una mayor aplicación de la ley en México podría conducir a más abusos.

Activistas han pedido el fin del Título 42, criticando la medida por bloquear el acceso al asilo.

Aunque López Obrador prometió un enfoque más humanitario hacia la migración cuando asumió el cargo a fines de 2018, rápidamente desplegó a la Guardia Nacional para trabajar con el INM en la contención migratoria, bajo la presión de la administración Trump.

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El mandatario mexicano puso a un aliado de mucho tiempo, Francisco Garduño, a cargo del INM, quien al principio de su mandato dijo que deportaría a los migrantes “así sean de Marte“.

Garduño ahora está siendo investigado penalmente por no proteger a los migrantes que murieron en el incendio. Varios otros funcionarios del instituto enfrentan cargos por homicidio.

El INM no ha comentado sobre las acusaciones y Garduño no pudo ser contactado directamente.

El aumento en las detenciones ha abrumado a un sistema mal equipado para manejar a más personas, dijo Alberto Xicotencatl, quien dirige un refugio para migrantes en la ciudad de Saltillo.

“Tenemos a miles de migrantes detenidos en las fronteras, en todo el país, sin albergues apropiados, sin alimentación, sin salud, sin trabajo, sin nada”, aseguró.

Reuters no pudo verificar cuántos migrantes hay actualmente en México.

La CNDH también incrementó sus propias observaciones contra el INM, instando a remedios en 30 casos de abuso en 2022, frente a los cuatro registrados el año anterior. El INM dijo a Reuters que está trabajando para corregir las violaciones.

En dos casos, la comisión culpó a los agentes migratorios por emplear fuerza excesiva para detener a migrantes, incluido el uso de una Taser y golpear a un migrante. También acusó a los agentes de sofocar las protestas a través de la violencia y el maltrato, incluido dejar a los migrantes afuera bajo fuertes lluvias y, en otro caso, agredirlos físicamente en los baños del centro de detención.

El INM dijo que no equipa a los agentes con equipo que pueda dañar a los migrantes y que se están investigando posibles casos de fuerza excesiva.

La CNDH también denunció varias instalaciones migratorias por malas condiciones, citando hacinamiento, retretes desbordados y calor extremo. El instituto dijo que los centros cuentan con “todos los servicios” necesarios para acogerlos.

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Después del incendio, y dado que se espera que más migrantes viajen por México una vez que se levante el Título 42, los grupos de derechos están monitoreando cualquier indicio de abusos, advirtió Rodríguez.

“Tenemos que seguir viendo cómo pueden ayudar a las personas, cómo estar en el país sin que se violen sus derechos humanos“, afirmó.